Los nacionalismos periféricos comenzaron reclamando su superioridad racial sobre los minusválidos charnegos (Cataluña) o maketos (País Vasco), pero cuando, por un lado, se ... hundió el nazismo y, por otro, las evidencias científicas hicieron inviable la utilización la palabra raza, los nacionalismos dejaron de echar mano del RH negativo o de la superioridad laboral catalana para fijar “el hecho diferencial” en la lengua. Lengua que les ha servido tanto en el País Vasco como en Cataluña para marginar a la mayoría de sus ciudadanos, que en uno y otro lado tienen como lengua materna la común de todos los españoles: el español (o castellano).
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El artículo 3 de la Constitución lo expresa así: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
El mismo artículo añade (punto 2) que las otras lenguas (catalán, gallego o eusquera) también serán oficiales “en las respectivas Comunidades Autónomas”.
Pues bien, hace no mucho tiempo y pretendiendo “apaciguar” a los insaciables nacionalistas han surgido voces “dialogantes” proponiendo que todas las lenguas sean “oficiales del Estado”. Eso se expresó hace un par de semanas en unas jornadas sobre convivencia lingüística, inaugurada por la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, biógrafa de Pedro Sánchez. Y el aroma del PSC como maestro de ceremonias.
Ello implicaría que cualquier español se podría dirigir a las instituciones del Estado en las lenguas regionales de su opción y exigir ser correspondido en tales lenguas, con las consecuencias de ser económicamente un despilfarro, lingüísticamente un nido de conflictos, y políticamente, una rendición al nacionalismo. El coste económico debería cubrir miles de traductores, profesores, medios técnicos, programas de traducción etc. Un nuevo maná para los que ya viven del negocio nacionalista, y un laberinto para el Estado.
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A nadie se le escapa, como el profesor Antonio Robles ha escrito, que de un Estado plurilingüe, de una nación de lenguas, sólo hay un paso al Estado plurinacional perseguido por el PSC como moneda de cambio para futuros apoyos nacionalistas; y de ahí a la confederación de naciones reivindicada por Podemos, y sólo a un paso de la secesión. Pero la nueva polémica no se reduce sólo a la cuestión lingüística, detrás se está librando una dura batalla por parte del entorno catalanista del PSC para desguazar al constitucionalismo en Cataluña.
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