Castigo a Salamanca

Domingo, 21 de agosto 2022, 05:00

El primer balance tras diez días de aplicación de las medidas de ahorro energético en Salamanca confirma lo que ya nos temíamos: se trata de ... un paripé del Gobierno para cumplir con la Unión Europea, un montaje sin eficacia sancionadora y sin que nadie sepa ni siquiera quién tiene que controlar los termómetros y las luces de los escaparates.

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La Junta, que en teoría debería ser la encargada de vigilar el cumplimiento de las restricciones en el comercio y la hostelería, está a la espera de instrucciones del Ejecutivo sanchista, y en Madrid no tienen ninguna intención de aclarar nada. Se aprobó el Real Decreto en medio de la improvisación y la confusión, y ya nadie quiere saber nada del asunto.

La mayoría de los comercios, bares y restaurantes de la capital están cumpliendo con las temperaturas y los horarios de apagado de escaparates, según confirman las asociaciones de ambos sectores, pero no por temor a las multas, sino porque les viene bien para ahorrar en la factura de la luz. Ante un otoño-invierno que se anuncia temible, cualquier reducción de gasto se convierte en cuestión de supervivencia.

Queda claro que el plan de ahorro funcionará en la medida en que las empresas y los consumidores no podemos permitirnos el lujo de despilfarrar ni medio megavatio. El Gobierno dirá que sus medidas han funcionado, pero aquí lo que funciona es el miedo. De hecho, Pedro Sánchez y su batallón de ministros ya han comenzado a colgarse medallas ajenas. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico asegura que hemos ahorrado un 3,7% por ciento del gasto nacional en electricidad en los dos meses en que ha funcionado “la excepción ibérica”. Desconocemos los cálculos en los que se basa Teresa Ribera, pero los consumidores lo que hemos notado es que el precio de la luz se disparó en julio y ha bajado algo en agosto, pero sigue estando a un coste prohibitivo. Lo raro es que con semejantes precios solo se haya rebajado ese escuálido porcentaje de la factura estatal.

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Como la UE no apriete más al Gobierno, seguiremos dependiendo de la buena voluntad de cada cual. Porque aquí nadie quiere poner multas a nadie. Entre otros motivos, porque estamos ya en periodo preelectoral, a nueve meses de los comicios locales, y sancionar supone perder votos.

El Gobierno socialcomunista, de hecho, lleva en campaña desde su llegada al poder en enero de 2020. Todo lo que emprende y anuncia es mero márketing. Y con ese criterio de amarrar votos toma todas sus decisiones. El reparto de los eventos de la Presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 es un ejemplo palmario de esa política sectaria, diseñada en exclusiva para buscar la permanencia en el poder.

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Por eso Sánchez apuesta por las ciudades gobernadas por el PSOE o por los partidos golpistas y separatistas que le apoyan. En Castilla y León, qué casualidad, serán Valladolid y León, ambas con alcalde socialista, las capitales donde se celebrarán eventos internacionales durante el tiempo en que el pasajero del Falcon ocupará la presidencia europea. A Salamanca, la ciudad de la Región más preparada y más atractiva para ese tipo de congresos, ni agua.

Ya estamos acostumbrados a que este Gobierno margine y castigue a nuestra provincia, pero este olvido es de los que duelen.

Escuece tanto que el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, José Luis Mateos, ha expresado su decepción por la exclusión de Salamanca en la lista de 25 ciudades agraciadas por el dedo sanchista. Una actitud crítica que, por inusual y valiente, le honra. Esperemos que no le cueste un disgusto dentro del partido, porque ya sabemos con qué fiereza acostumbra Sánchez a castigar la disidencia, por mínima que sea. La democracia interna dentro del PSOE recuerda la máxima de Alfonso Guerra: “El que se mueve no sale en la foto”.

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