Asalto al poder

En esta ocasión, dada la gravedad de las acometidas de Pedro Sánchez contra los pilares de la democracia, Mañueco ha calificado de “inadmisibles” la supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación. Lo ha hecho en defensa de la Constitución que debería ser la referencia si no de todos los españoles, sí al menos de quienes representan a las instituciones del Estado.

El presidente de la Junta eleva así el listón de la censura a la deriva sanchista, abandonando al menos por el momento esa a veces mal entendida lealtad institucional que habitualmente guía sus mesuradas intervenciones. Un estilo casi siempre opuesto al del vicepresidente de Vox en el Gobierno autónomo, Juan García-Gallardo, de quien no se ha escuchado todavía una alocución en la que no resuenen las trompetas y los cañones.

Mañueco le recordó a Sánchez que la Constitución “es de todos y para todos” y que hay que respetar los consensos, todo lo cual es una verdad a medias. La Carta Magna “debería ser” de todos los españoles, pero ocurre que hay una minoría, que ahora manda mucho, que no solo no la respeta, sino que está empeñada en acabar con ella y con los fundamentos de la democracia en España. Una tarea en la que el presidente del Gobierno de la nación ha pasado de colaborador necesario a protagonista y líder.

Y sobre el respeto a los consensos, digamos que el sanchismo lleva años practicando el trágala y los únicos acuerdos que respeta son los pactados con los enemigos de la nación, cuyos votos en el Congreso le mantienen en el poder.

En esa mínima lista de Mañueco sobre las más recientes fechorías del inquilino de La Moncloa debería haberse incluido el asalto al Tribunal Constitucional que miembros del Consejo General del Poder Judicial consideran “un chantaje y una amenaza”. Y es que Sánchez no solo quiere liberar a los golpistas catalanes, sino que pretende controlar a los jueces para facilitar la próxima sublevación de los chicos de Junqueras y Puigdemont. PSOE, Podemos y sus compañeros bildutarras y separatistas desarticulan los mecanismos de control de los magistrados del Constitucional, cambian la mayoría necesaria en el CGPJ y amenazan a sus miembros incluso con la cárcel si no se pliegan a los designios del aprendiz de dictador. Eso es todavía más grave que poner a delincuentes en la calle, que parece ser la especialidad del Ejecutivo sanchista-comunista, porque supone atentar contra la unidad de la nación.

Sánchez y su legión de asesores monclovitas quieren aprovechar las fiestas navideñas para acabar de derribar todas las barreras constitucionales que les puedan impedir allanar el camino a la rebelión de sus conmilitones, en la confianza de que los españoles nos olvidaremos de sus fechorías dentro de medio año, cuando toque votar en las municipales y autonómicas, y más aún cuando lleguen las generales dentro de doce o trece meses.

Por eso, cuando toque votar, nos jugaremos mucho más que la continuidad del Frankenstein o el cambio de Gobierno. Nos jugaremos más que el cocido, más que la recuperación de la economía y la convivencia entre españoles. Estará en juego la continuidad de España como ese Estado social y democrático de derecho que define la Constitución.