Ayer se produjo una de las pocas noticias gratas que recibimos desde hace meses. De esas que te congratulan con tu patria, la justicia y ... el sentido común. ¡Si es que no podía ser! El Tribunal Supremo recordó a los independentistas catalanes condenados por sedición (y malversación), a la consejera de Justicia de la Generalidad, a los jueces de Vigilancia Penitenciaria, a las Juntas de Tratamiento y a todos los españoles, que hay una Carta Magna y una Sentencia condenatoria que cumplir conforme a la Ley General Penitenciaria. Por tanto, se acabó ese auténtico cachondeo de permisos penitenciarios prematuros, cambios de cárcel para salir como Pedro por su casa, simples dormidas, salidas a tutiplén y paseíto por las Ramblas, mientras los demás reclusos cumplen. Han querido comerse una fruta que no estaba en sazón, inmadura y disfrutado de ilegales privilegios. No es que varios no hayan cumplido ni la cuarta parte de la condena para cambiar de grado (requisito imprescindible), ninguno la mitad, sino que han manifestado públicamente su propósito de volver a incurrir en el mismo delito (en rigor, rebelión), con lo que no se da el propósito de la enmienda (que han hecho incluso algunos etarras) exigible para obtener beneficios penitenciarios. Un cazurro indepe jamás. Los caudillos aldeanos catalanes quieren transgredir, no pisar la churra y volver a delinquir. Los españolitos, esas “bestias” según Torra, no tienen derecho ni a hablar castellano. La Justicia ha parado los pies a ellos y a sus astutos asesores y guardadores, que incurrieron de consuno en un monumental fraude de ley.
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Fíjense como empieza la Ley Penitenciaria que se saltaron sin manos: “Las instituciones penitenciarias... tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados...”. Esa ley tiene raíces salmantinas, por deberse en buena parte al profesor de la USAL Carlos García Valdés, con la colaboración de un diputado por Salamanca (de cuyo nombre no quiero acordarme). Quedaba maltrecha, si todo hubiera seguido como hasta ayer, que conocimos el impecable auto judicial (con la firma, entre otros, de un magistrado salmantino). Los responsables del desafuero, retorcieron el artº 100.2 del Reglamento, cual vulgares Romanones (sostenía que otros hicieran las leyes, pero que le dejaran los reglamentos), para adaptarlo al capricho de los condenados.
El Supremo recuerda también que en España no hay “presos políticos”. Eso es un disfraz “patriótico”, una expresión engañosa, tras la que se parapetan para vendernos su falsa mercancía, baratija, de oprimidos y perseguidos. La madre que los parió, si empezaron a disfrutar de ventajas con Franco y todavía no han dejado de mamar. Los togados no condenaron su ideología, que pueden mantener sin delinquir en su parlamento, en la calle, y hasta en la cárcel, coño. Que lo fue por rebelión y malversación. Por tanto son políticos presos, presos comunes, eso sí, con menos dignidad y pretenden que con más privilegios -ahora pasados por la garlopa-, que los robagallinas.
Pero los señoritos catalanes buscan otras salidas. Una ya ha quedado cerrada por Bruselas: la Comunidad Europea aclara que no ha sugerido ni pío, ni lo hará, que el Reino de España cambie la tipificación del delito de sedición, para el que sería necesario el uso de las armas (que los condenados fue lo único que afortunadamente no usaron). Entonces, por retroactividad de la ley más favorable al reo, permitiría a los jueces, políticos y funcionarios advertidos por la Sala, exclamar como el ganadero en las tientas, ¡puerta! y a casita el bizco y compañeros no mártires, a preparar otra más gorda de regalo de Reyes. Eso sí, el presi Iglesias, para echar una manita, le sacará la reforma del Código a su vice Pedro Sánchez. Al tiempo.
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La otra vía es el indulto. No me mueve mi Pedro para apoyarte, el indulto que me tienes prometido... ¿No habíamos quedado en que era una figura “arcaica y retrógrada”? Qué más da, a lograrlo y a casa por Navidad, adorar al caganer de sus belenes. Capaces son. Pero hay algo que puede impedirlo, porque tienen que llevar la firma del Jefe del Estado. Y es que el Rey, en su más brillante intervención tras la sedición, dijo: “Determinadas autoridades de Cataluña de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución... han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho...”. Iglesias y sus secuaces pretenden ahora que el Rey poco menos que pida perdón (¡) y firme los indultos. Felipe VI no va a hacer ni una cosa ni otra. Si le fuerzan, acaso recuerde a Balduino de Bélgica, que se acogió a la incapacidad temporal (abdicó un tiempo) para no suscribir la ley belga del aborto.
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