Trabajadores del sector público solicitan mejoras en el empleo. ALMEIDA

UGT, CCOO y CSIF se concentran en Salamanca para exigir al ministro Óscar López que negocie o habrá huelga general

Las tres organizaciones sindicales reclaman la mejora del empleo público, aumentos salariales y la defensa del Estado del Bienestar

M. B.

Salamanca

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:53

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF se concentraron este jueves en la Plaza de la Constitución de Salamanca, dentro de una jornada de movilizaciones en toda España, para exigir al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, la reapertura inmediata de la mesa de negociación del empleo público.

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Los sindicatos advirtieron que, si el Gobierno no atiende sus demandas, habrá huelga general en los próximos meses.

El acto se enmarca en una protesta estatal convocada ante el «deterioro progresivo de los servicios públicos» y la «falta de compromiso del Gobierno» para garantizar unas condiciones laborales dignas a los más de 3,5 millones de empleadas y empleados públicos del país.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos Salamanca, Brenda Melero, subrayó que las movilizaciones buscan «defender el Estado del Bienestar» y los derechos de quienes lo sostienen: «Estamos peleando por los derechos de los trabajadores de los servicios públicos de este país, que no son entes abstractos, sino personas con nombre y apellido que sostienen el Estado del Bienestar.

Hablamos de los sanitarios que nos atienden, los docentes que educan a nuestros hijos, los bomberos y agentes forestales que se juegan la vida cuando hay incendios», afirmó Melero. La representante de UGT insistió en que la lucha sindical pretende «mejorar los salarios y las condiciones laborales» de todos los empleados públicos, cuyo trabajo diario es «esencial para la calidad de vida y la cohesión social».

Por su parte, Antonio Grande Vicente, responsable del sector de Sanidad de CSIF, emplazó al ministro Óscar López a convocar de inmediato la mesa de negociación: «Según nuestros cálculos, el Ministerio debe a los trabajadores del sector público 1.860 millones de euros, correspondientes a la subida salarial de este año que aún no se ha aplicado», denunció. Grande añadió que los sindicatos reclaman también la reclasificación profesional de los técnicos superiores y medios, así como la jubilación voluntaria y parcial, y advirtió que «sin servicios públicos correctamente dimensionados no hay Estado del Bienestar posible».

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La representante de CCOO del Área Pública en Salamanca, María Ángeles Salinero Sánchez, anunció que las movilizaciones continuarán durante los próximos meses y que no descartan convocar una huelga general en diciembre si el ministro sigue sin atender sus demandas: «Seguiremos con más movilizaciones. Si no se sienta a negociar, terminaremos en una huelga. Llamamos a todos los empleados públicos a participar y a la ciudadanía a entender que mejorar las condiciones de quienes trabajan en los servicios públicos es invertir en calidad y bienestar social», declaró.

Salinero recordó que en la provincia de Salamanca hay más de 26.000 empleados públicos, la mayoría en los sectores de educación y sanidad, y criticó que en Castilla y León la inversión en empleo público apenas llega al 16%, muy por debajo de otras comunidades que alcanzan el 30 o incluso el 50%: «Llevamos sufriendo desde los recortes de 2010 una situación de penosidad que afecta tanto a la administración local como autonómica», concluyó.

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En el manifiesto leído durante la concentración, UGT, CCOO y CSIF denunciaron la «desidia e inacción» del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, y exigieron un nuevo acuerdo plurianual de empleo y salarios para el periodo 2025-2027.

Reclaman además medidas contra el envejecimiento de las plantillas, la falta de personal y la desmotivación derivada de la pérdida de poder adquisitivo: «El futuro de lo público y del Estado del Bienestar depende en gran medida de nuestras decisiones y acciones», concluye el documento sindical, que llama a la ciudadanía a defender los servicios públicos «de calidad, eficaces, eficientes y accesibles».

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