«El narcotráfico está cada vez más organizado y dificulta el trabajo de las Fuerzas de Seguridad y de los jueces»

El magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y expresidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Ramón González Clavijo dirige el curso 'El derecho a entender', organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Facultad de Derecho, Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca y codirigido por la profesora de Traducción e Interpretación, María Cristina Valderrey Reñones. Al seminario, celebrado hasta este viernes en la Facultad de Traducción, asisten juristas de toda España y de todos los órdenes jurisdiccionales—entre ellos el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Javier Hernández García— con el fin de conseguir acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía. «El ciudadano tiene derecho a entender las consecuencias de todas las decisiones judiciales», ha manifestado Clavijo a LA GACETA.

Participa en el curso jurídico 'El derecho a entender'. ¿Qué aspectos se tratarán y qué ponentes participarán?

—Fue una idea de la Facultad de Traducción y Documentación, con la que llevo colaborando bastante tiempo. Ellos organizan seminarios muy buenos para intérpretes de instituciones internacionales y en más de una ocasión me han invitado a dar alguna charla. Entre Cristina Valderrey y yo pensamos en dar un paso más y propusimos un curso dentro del Plan Estatal de Formación de Jueces. El Consejo General del Poder Judicial lo autorizó en colaboración con la Universidad de Salamanca. No es un congreso al uso, sino un curso con jueces y otros profesionales. Ha tenido muchísima aceptación: finalmente participan 25 jueces de toda España y tres fiscales, incluido un representante de Andorra. El curso no es exclusivamente jurídico, sino que gira sobre el derecho fundamental a entender. En él intervienen lingüistas, traductores, profesionales de la psicología jurídica, e incluso haremos prácticas sobre recursos digitales y cómo redactar resoluciones claras y comprensibles. No es tanto un curso para transmitir conocimientos, sino para reflexionar juntos sobre cómo comunicamos y cómo podemos mejorar la cercanía con el ciudadano.

¿Por qué resulta tan importante esa claridad en el lenguaje de la Justicia?

—Porque es un derecho fundamental. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha insistido mucho en que el ciudadano tiene derecho a conocer las consecuencias personales, jurídicas y económicas de todos los actos procesales. Muchas veces el ciudadano percibe la Justicia como un ente lejano, lleno de tecnicismos, y lo que buscamos es volver a ponerlo en el centro. Eso implica también una escucha activa por parte del juez. Sentirse escuchado es, para un ciudadano corriente, el inicio de la sensación de justicia.

¿Cree que la Justicia debería seguir realizando cambios para acercarse más al ciudadano?

—Sí, indudablemente. Se han producido avances enormes en estas cuatro décadas desde que comencé mi carrera. Pero queda mucho por hacer. La saturación de los juzgados, la falta de tiempo y ciertas dinámicas como el abusivo «cortar y pegar» han perjudicado la claridad. Redactar una sentencia sencilla es más difícil que escribir una larga y llena de tecnicismos. Habría que hacer un esfuerzo colectivo para que nuestras resoluciones sean también pedagógicas.

¿Qué retos enfrenta hoy la Justicia española?

—Son muchos. En primer lugar, necesitamos más jueces. En los próximos años se jubilará buena parte de mi generación y, si no se convocan nuevas plazas, la situación será crítica. Además, instamos a una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con la actual es muy complicado seguir funcionando. También hay que simplificar procedimientos, aumentar la cercanía con el ciudadano y reforzar la pedagogía pública sobre nuestro papel.

¿Cuáles son, en su opinión, las principales amenazas al Estado de derecho en España?

—Detecto un grave problema de educación cívica. Se habla mucho de Constitución, pero a veces sin conocer ni cumplir realmente su contenido. Internacionalmente vemos retrocesos muy serios en derechos fundamentales y Estado de Derecho, y eso provoca un profundo desasosiego. Desde nuestro puesto, cada uno debe hacer lo posible por defender la democracia y los valores constitucionales.

¿Qué asuntos preocupan más en la Audiencia Nacional: terrorismo, corrupción, narcotráfico…?

—El narcotráfico, que cada vez está más organizado y dificulta la investigación de las Fuerzas de Seguridad y de los propios jueces, es uno de los mayores retos. También llegan macrocausas de corrupción que son preocupantes para la salud democrática. Y, por supuesto, seguimos recibiendo procesos vinculados al terrorismo yihadista, principalmente por enaltecimiento o autoadoptrinamiento.

¿Cómo influye la presión política y mediática al trabajo de los jueces?

—Eso forma parte de nuestra realidad. A veces los jueces somos alabados si la sentencia conviene y denostados si no. Ese vaivén genera desconfianza social hacia nosotros. Pero el 99,9 % de los jueces trabaja con profesionalidad, ateniéndose únicamente a la ley y a la Constitución. Es lógico que haya críticas, incluso correcciones de instancias superiores, pero otra cosa es la instrumentalización partidista de la Justicia. Eso es muy dañino. Lo importante es mantener el enfoque en las pruebas, en los autos y en una motivación lógica y racional. Lo demás no debe despistarnos.

Después de 16 años en la Audiencia Provincial de Salamanca, ¿qué significó para usted el salto a la Audiencia Nacional?

—Fue una nueva etapa, un reinventarme a nivel profesional. Vine con mucha ilusión. Aunque siempre me gustó más el civil y aquí solo vemos penal.

¿Cómo describiría la diferencia entre el trabajo en una Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional?

—La gran diferencia es el tiempo que tenemos para estudiar a fondo los asuntos, que aquí son pocos pero muy complejos. En Salamanca disfrutaba mucho con las vistas, con dirigir el juicio, con el contacto directo con el ciudadano, pero la carga era enorme: hasta 24 asuntos a la semana, lo cual hace imposible una deliberación profunda de todos. En la Audiencia Nacional la dinámica es completamente otra. Deliberamos pocos asuntos, pero los estudiamos entre todos los magistrados, con auténtico diálogo colegiado. Eso me permite disfrutar del derecho con más calma y profundidad, aunque echo de menos el contacto con el ciudadano.

¿Cómo recuerda su etapa en Salamanca?

—Fue decisiva. Estuve 16 años presidiendo la Audiencia Provincial y dos más al inicio de mi carrera. Fue un tiempo en el que aprendí mucho y al que siempre estaré vinculado. Pero también es sano cambiar; la rutina es mala consejera para un juez. Moverse, conocer otros órganos, enfrentarse a otros problemas jurídicos, es positivo tanto profesional como personalmente.

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