Un Ministerio, 130 medidas y un fiasco para asentar población
La brecha digital sigue existiendo y pone freno a los emprendedores y al teletrabajo y la descentralización, proyecto estrella del Reto Demográfico, no se ha llevado a cabo
«Nuestros pueblos y nuestras aldeas deben ser pueblos compartidos y, sobre todo, territorios de esperanza». Lo dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en mayo de 2021, cuando presentó el Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico.
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Fue una gran puesta en escena ante responsables políticos de municipios pequeños. Sánchez estableció «como prioritarias» las actuaciones en materia de emprendimiento e innovación con el fin de atraer talento y fijar población.
La brecha digital era clave para la dinamización de las actividades económicas en entornos rurales y para garantizar a los ciudadanos la posibilidad de desarrollar su proyecto personal o laboral en cualquier territorio. Y para ello el presidente estableció como esencial completar la conectividad y eliminar la brecha digital urbana-rural.
La brecha digital sigue existiendo. Muchos de los municipios del medio rural tienen problemas y no les llega internet de alta velocidad. Una denuncia de la que recientemente se ha hecho eco el sindicato COAG. Disponer de internet de alta velocidad es fundamental en todos los aspectos, uno de ellos es la posibilidad de que se pueda desarrollar el teletrabajo, muy positivo para la reactivación de los municipios rurales.
El Gobierno ha renunciado, por ejemplo, a articular una fiscalidad diferenciada, como sí ha hecho la Junta de Castilla y León, para intentar taponar la «hemorragia» en el censo. También ha descartado intervenir a fondo en el problema de la vivienda, un mercado opaco y escaso en el medio rural.
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Otro de los fracasos del Reto Demográfico del presidente del Gobierno ha sido la descentralización administrativa. Pedro Sánchez la planteó en septiembre de 2021 y dijo que era para fomentar una mayor cohesión territorial y luchar contra la despoblación de la España vaciada. El primer rechazo a este plan fue el de la presidenta de Madrid, pero también los empleados públicos.
De cualquier forma, Salamanca se ha quedado fuera del reparto de «agencias» del Ejecutivo de Sánchez en su objetivo de que la capital de España deje de ser el centro de las instituciones estatales.
Salamanca optó por la Agencia de Inteligencia Artificial y por la Agencia de Salud Pública y se quedó sin los dos centros, aunque realmente no se ha planteado sacar fuera de la capital ninguna institución de las que está ya funcionando con la correspondiente estructura de trabajadores públicos.
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Ayudas para bares, transporte gratis, bono de nacimiento y fiscalidad más baja
La Junta y la Diputación han apostado, sin embargo, por políticas más prácticas para evitar la sangría poblacional, que, según los expertos, está también detrás de los incendios porque cuando los pueblos se vacían no hay nadie que cuide del campo, que desbroce y limpie la maleza y materiales combustibles, la vegetación seca y los residuos de los terrenos cercanos a las viviendas.
En los últimos años, la administración autonómica ha hecho hincapié en la fiscalidad y en facilitar la vivienda a los jóvenes, población con mayores dificultades en materia de vivienda. Por ejemplo, los menores de 36 años cuentan con una rebaja de un 20 por ciento del precio de la vivienda pública rural que promueve la sociedad pública Somacyl.
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Existen igualmente deducciones fiscales para jóvenes que adquieran viviendas en núcleos rurales, de un 15 por ciento cuando estas viviendas vayan a ser la residencia habitual, así como en los supuestos de construcción de vivienda habitual.
Otra de las líneas de ayuda establecidas por la Junta el año pasado va encaminada a «conquistar» a las familias. Por ello, y para hacer frente al progresivo vaciamiento de los pequeños municipios de la Comunidad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha ayudas cuyo objetivo es atraer población de otras comunidades de España a los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Un proyecto orientado a fijar población a través de subvenciones que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros para las familias que se trasladen y se empadronen en el medio rural al menos durante dos años. Uno de los miembros de la familia debe desarrollar una actividad profesional en Castilla y León, sea por cuenta propia o ajena. Esta condición se considera también cubierta en caso de teletrabajo siempre y cuando dicho régimen esté acreditado por el empleador.
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La última de las iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno regional es la tarjeta Buscyl que permite viajar de forma gratuita en todos los autobuses metropolitanos e interurbanos de la Comunidad a los empadronados en Castilla y León. Con esta iniciativa se busca fomentar el uso del transporte público, garantizar la movilidad sostenible, aliviar la economía de las familias, pero también asentar población, ya que solo se podrán beneficiar los empadronados en Castilla y León y solo servirá para conectar localidades de la región.
En el mismo sentido camina la Diputación que ha puesto en marcha medidas que faciliten la vida social en los pequeños municipios, como las ayudas para dotar de bares al medio rural, un proyecto que ha tenido mucho éxito o el plan de equipamiento contra incendios que, con una inversión de 4 millones de euros, dota a los municipios de herramientas para proteger los núcleos rurales contra el fuego.
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Otra de las iniciativas ha sido: Negocio Rural, con el que se fomenta el relevo generacional de empresas en el mundo rural. Se trata de conectar a los titulares de negocios que desean traspasarlos o alquilarlos con emprendedores interesados en asentarse en los pueblos.
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