La Junta refuerza las ayudas al alquiler en 2025 con más presupuesto y límites de renta más altos

La Junta de Castilla y León pone en marcha la convocatoria de ayudas al alquiler correspondientes a 2025 con una serie de novedades que buscan llegar a más hogares y adaptarse al encarecimiento del mercado residencial. La orden, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 21 de octubre, mantiene los requisitos de ingresos, flexibiliza los límites de renta arrendaticia y aumenta la dotación presupuestaria para dar respuesta a la creciente demanda registrada en los últimos años. Además, fija un calendario de solicitud que se extenderá durante dos meses y detalla la documentación necesaria, los criterios de valoración (aunque no se aplican desde hace cuatro años) y las obligaciones de los beneficiarios.

Una de las primeras novedades de la convocatoria de 2025 es, precisamente, que no hay cambios en los umbrales mínimos y máximos de ingresos exigidos. Al continuar prorrogados los Presupuestos Generales del Estado, el IPREM se mantiene inalterado y, con él, los requisitos anuales establecidos en 2024: ingresos mínimos de 4.200 euros (0,5 veces el IPREM) y máximos de 25.200 euros (tres veces el IPREM). Para casos específicos (familias numerosas de categoría general, víctimas de terrorismo, familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad igual o superior al 33%) los topes se elevan hasta cuatro y cinco veces el IPREM.

Estos límites deben ser cumplidos por el conjunto de personas que conviven en la vivienda arrendada, con independencia de que figuren o no como titulares del contrato.

La principal novedad de este año afecta a los límites de renta mensual subvencionable, que experimentan un incremento generalizado. Se mantiene la distinción entre los dos grandes ámbitos municipales, con topes de 550 euros en el ámbito 1º y 500 euros en el ámbito 2º para supuestos generales. En el caso del alquiler de habitaciones, se fijan 200 y 175 euros respectivamente.

Sin embargo, el aumento es especialmente significativo en varios municipios donde los precios del alquiler han crecido durante los últimos ejercicios. En un conjunto de localidades como Aranda de Duero, Laguna de Duero, Ponferrada, Soria, Zamora, Palencia o Santa Marta de Tormes, los límites para supuestos generales pasan de 500 a 550 euros (un 10%). En familias numerosas de categoría general suben de 600 a 700 euros (16,67%) y en familias numerosas de categoría especial, personas con discapacidad o vulnerabilidad, de 700 a 800 euros (14,29%). El alquiler de habitaciones también se incrementa, de 175 a 200 euros.

En otro grupo de municipios limítrofes con capitales de provincia y con más de 5.000 habitantes, como Villaquilambre, Simancas, Villamayor o Zaratán, la subida es todavía mayor: el límite general pasa de 450 a 550 euros (22,22%) y el de habitaciones de 150 a 200 euros (33,33%).

En el resto del territorio autonómico, se aplican incrementos más moderados: de 450 a 500 euros en supuestos generales; de 550 a 600 euros para familias numerosas de categoría general; y de 650 a 700 euros para familias numerosas de categoría especial, personas con discapacidad o vulnerabilidad. El techo en habitaciones asciende de 150 a 175 euros.

En cambio, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid no experimentan cambios en los límites máximos, manteniendo las cuantías vigentes de anteriores convocatorias.

La Junta de Castilla y León incrementa en 2025 su aportación hasta los 12,55 millones de euros, que se suman a la financiación vinculada al Plan Estatal de Vivienda para alcanzar un total inicial de 27,5 millones. Esta cifra supone un aumento de ocho millones respecto a la convocatoria de 2024, incremento financiado íntegramente con fondos autonómicos.

Además, la dotación podrá ampliarse hasta un máximo de 59,5 millones de euros, lo que permitiría absorber un mayor número de solicitudes en caso de ser necesario. Dentro de ese presupuesto, se reserva un máximo de 651.105 euros para atender específicamente a personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Los datos de las últimas convocatorias confirman la tendencia creciente. Entre 2022 y 2024 se recibieron más de 83.000 solicitudes, de las que resultaron beneficiarias 53.739 personas. La subvención media obtenida ha ido aumentando progresivamente: 2.056 euros en 2022, 2.203 en 2023 y 2.331 en 2024.

La previsión para 2025 apunta a una nueva subida en todos los indicadores: 35.000 solicitudes, 23.500 beneficiarios y una subvención media de 2.500 euros. Con ello, el acumulado desde 2022 superaría los 118.000 solicitantes y 77.000 beneficiarios, con un presupuesto global ejecutado de más de 178 millones.

Aunque el texto establece un régimen de concurrencia competitiva, con criterios de valoración basados en ingresos, miembros de la unidad de convivencia, circunstancias personales y ámbito municipal, estos baremos llevan cuatro convocatorias sin aplicarse. En la práctica, todas las personas que cumplen los requisitos establecidos reciben la ayuda, ampliándose a tal fin el crédito presupuestario.

Las personas solicitantes deben ser mayores de edad, titulares de un contrato de arrendamiento o cesión de uso de vivienda o habitación y utilizar el inmueble como residencia habitual durante el periodo subvencionado. También se exige nacionalidad española o de un Estado de la UE o del Espacio Económico Europeo. Los ciudadanos extracomunitarios deben contar con autorización de residencia o estancia.

Además, no podrán tener deudas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, ni haber sido sancionadas en convocatorias anteriores del Plan Estatal de Vivienda. Tampoco podrán ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda habitable, salvo excepciones como separaciones, herencias parciales o viviendas no accesibles por discapacidad. Igualmente, quedan excluidos quienes tengan parentesco directo con el arrendador o sean socios de la entidad propietaria.

El plazo de solicitud se abrirá el 1 de diciembre de 2025 y finalizará el 30 de enero de 2026. Las solicitudes podrán presentarse preferentemente de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Junta, aunque también se admite la vía presencial en cualquier registro administrativo.

La ayuda cubrirá el 50 % de la renta mensual, porcentaje que asciende al 60 % para personas jóvenes y al 75 % para jóvenes que vivan en municipios de ámbito 2º. En caso de compatibilidad con el Bono Alquiler Joven, la subvención cubrirá hasta el 40 % de la diferencia entre la renta y los 250 euros del bono, sin superar el 75 % del alquiler total. Para personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida, la ayuda será del 75 %, aunque en este caso no se financiará el alquiler de habitaciones.

El periodo máximo subvencionable será de 12 meses, coincidiendo con el año 2025.

Los beneficiarios deberán comunicar cualquier modificación relevante en un plazo de cinco días hábiles, especialmente cambios de domicilio dentro de la comunidad. También deberán pagar la renta exclusivamente por medios bancarios y mantener una cuenta domiciliada para recibir la subvención, que se abona íntegramente por transferencia y está sujeta al IRPF sin retención.

En cuanto a la compatibilidad, la ayuda es incompatible con otras subvenciones autonómicas o estatales destinadas al alquiler, salvo excepciones como prestaciones no contributivas o el Ingreso Mínimo Vital. Para jóvenes, sí se permite compatibilizarla con el Bono Alquiler Joven en municipios de ámbito 1º, pero no en los de ámbito 2º.