Las empresas salmantinas, en contra del permiso de 10 días por defunción: «Es inviable»
Las patronales locales rechazan la ampliación anunciada por la ministra de Trabajo. Hosteleros advierten que las nuevas obligaciones pueden «arruinar» al sector
La ampliación a 10 días del permiso retribuido por fallecimiento de un familiar— en lugar de los dos actuales—, y la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos, anunciada esta semana por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con las modificaciones del registro laboral, han provocado un debate entre los representantes empresariales salmantinos y los sindicatos. Mientras desde UGT valoran positivamente la medida como un «avance social», los patronales locales la tachan de «inviable» y «contraria a la realidad de las pymes».
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El presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díaz, considera que la ampliación del permiso a 10 días «es una barbaridad» e incompatible con las pequeñas empresas: «10 días sin que una persona acuda a su puesto es una merma muy grande que repercute directamente en la calidad del servicio y en la sostenibilidad del negocio», señala Díaz, insistiendo en que estas propuestas «añaden más burocracia» y complican la gestión especialmente en los pequeños comercios y autónomos.
En la misma línea, Paulino Benito, presidente de CEOE-Cepyme Salamanca, se muestra tajante al calificar el anuncio de Díaz como «una ocurrencia más» de carácter electoral. «Esto es totalmente inviable. Los empresarios ya soportamos 30 días de vacaciones y más de una docena de festivos. No podemos asumir más absentismo sin que esto se traduzca en inflación y pérdida de competitividad», detalla. Benito defiende que cualquier cambio de esta índole debe negociarse «en el marco del diálogo social»: «No aceptaremos que se imponga por decreto del Ministerio de Trabajo».
Desde la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), su presidente, Antonio Rollán, expresa la «preocupación» del colectivo ante el anuncio: «Compartimos la importancia de avanzar hacia una conciliación real de la vida laboral y familiar, pero la acumulación de nuevas obligaciones y restricciones está generando un entorno creciente de inseguridad jurídica y de sobrecarga administrativa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que son la base del tejido productivo». Rollán reclama «un diálogo social real y equilibrado, que escuche la voz de los empresarios», y tacha de «inadmisible» la «persecución» que, a su juicio, sufren los obstáculos en materia de registro horario: «El exceso de regulación limita la capacidad de organización de las empresas, incrementa los costes y reduce su competitividad».
También desde la hostelería, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, critica duramente el impacto que tendría la medida en las pequeñas empresas del sector. «Humanamente lo entiendo, pero que lo pague el Estado, no los empresarios. Con tantas medidas populistas nos van a arruinar». Sobre el registro horario, Moro mantiene que los controles son «imposibles de cumplir al detalle» en negocios con equipos grandes y horarios variables.
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Por su parte, el secretario provincial de UGT Salamanca, Marcelino Muñoz, defiende que la propuesta supone «un avance necesario en la protección de los derechos laborales y la salud mental». Subraya, no obstante, la necesidad de alcanzar «un consenso real» con la patronal: «El duelo requiere un tiempo de recuperación, pero los cambios deben negociarse». Respecto al registro horario pide «más controles y garantías» para evitar el fraude en las horas extra y recuerda que «muchas empresas no cumplen la norma»: «Solo pedimos que se cumpla la ley».
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