El 'basurazo' de Sánchez eleva las tasas municipales hasta un 50 %...

Aunque la mayoría de los alcaldes de los principales municipios de la provincia entienden que vulnera la autonomía municipal, no tienen más remedio que aceptar el 'basurazo' impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. A dos meses de que acabe el año, consistorios y mancomunidades de la provincia se apresuran a aprobar nuevas ordenanzas fiscales o a modificar las actuales para repercutir en los contribuyentes los costes reales del servicio de recogida y tratamiento de los residuos, tal y como establece la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.

En 2026, ya no será GIRSA (Consorcio para la Gestión Integral de Residuos de la provincia de Salamanca), como ocurrió el pasado año con la mayoría de los municipios, quien asuma el impacto económico de esta norma, entre otros motivos, por la creación de dos nuevos impuestos estatales. Como consecuencia, la tasa de recogida de basuras se elevará a partir del 1 de enero una media de un 35%, aunque en algunos casos rozará el 50%.

Para hacer esta subida menos dolorosa, el Ayuntamiento de la capital ha dividido este incremento en dos anualidades. Respecto a 2024, los hogares salmantinos pagarán 38 o 45 euros más al año de tasa de basura, en función de la calle en la que vivan, lo que supone un aumento del 48% de la presión fiscal de este tributo, que había permanecido congelado durante una década.

¿A qué se debe esta subida? Además de la obligación de repercutir el coste del servicio en el ciudadano, los dos nuevos impuestos estatales creados por la ley han hecho que los costes por el depósito y tratamiento de los residuos en el CTR de Gomecello casi se hayan duplicado. Según explica el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, en los tres últimos años el importe se ha elevado hasta 4,4 millones, dos más que en 2022, un 90%. A ello se suma que el servicio municipal de recogida también se ha encarecido un 32%, hasta 2,8 millones. Incrementos similares son los que tendrán que asumir ahora, y de una sola vez, el resto de municipios de la provincia, que hasta ahora no tenían que repercutir estos costes en el ciudadano.

«Es un ataque frontal a la autonomía municipal y un fiel reflejo de la manera de actuar del Gobierno que, prescindiendo del diálogo con los ayuntamientos, introduce una ley y unas medidas que nadie le obligaba a aplicar y que a los ayuntamientos nos está provocando enormes trastornos», señala Rodríguez, incidiendo en que la norma europea que se pretende trasponer con esta ley no exigía que todos los consistorios establecieran una tasa de recogida. Para los que ya contaban con ella, el trastorno está siendo menor que para los que no la tenían —desde municipios pequeños hasta Madrid—.

Pero el principal escollo es la inseguridad que genera esta norma. Si la Ley de Haciendas Locales establece que las tasas no pueden superar el coste real o previsible del servicio que las genera, la Ley 7/2022 mantiene que no se puede repercutir al contribuyente una tasa inferior al coste del servicio. Un equilibrio difícil de cumplir. Cumplir al pie de la letra con la filosofía de 'quien contamina paga' conllevaría prácticamente poner un contenedor para cada vivienda y establecimiento, lo que, según insiste Rodríguez, tendría «un coste tremendo». Por ello, los municipios hacen cálculos 'grosso modo', aun a riesgo de que una interpretación purista de la norma les pueda generar problemas en los tribunales.

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Para los hogares de la ciudad de Salamanca, el incremento de la tasa de recogida de basura derivado del 'tasazo' del Gobierno de Pedro Sánchez puede resultar poco significativo si se compara con otros impuestos. Tal y como explica el edil de Hacienda, Fernando Rodríguez, para una vivienda rondaría los tres euros al mes. Sin embargo, el impacto para los negocios es mucho mayor.

Conforme al proyecto de ordenanzas fiscales aprobado por el Ejecutivo de Carlos García Carbayo para cumplir con la Ley 7/2022, los hoteles de más de cien plazas de la capital del Tormes pagarán a lo largo del año 1.630,8 euros, lo que supone 408 euros más que hace dos años, cuando la norma aún no había entrado en vigor. Porcentualmente, sin embargo, el incremento de la tasa que se les repercute, un 33,36%, es menor que el aplicado a las viviendas, un 48%.

En el caso de los restaurantes y cafeterías, el tributo supondrá un desembolso el próximo año de 737,68 euros, 112,4 más que en 2024. En el caso de los bancos, el incremento del 33,4% en estos dos ejercicios conlleva que cada sucursal pague 1.742 euros más en doce meses, para llegar al abono total de 6.958,32 euros. Así, aunque el importe de otros tributos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), es mucho mayor, la subida de la tasa de recogida de basura también tiene un impacto relevante para los negocios de la capital del Tormes.

Pero «la norma es taxativa, obligatoria», señala Rodríguez, quien incide en que la única forma de evitar el aumento de la presión fiscal que implica es declararse en 'rebeldía'. Por mucho que los ayuntamientos manifiesten su oposición a la nueva norma, todos ellos se ven obligados a aplicarla.