Pilar Sánchez, portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Salamanca. OBES

El PP de la Diputación insta al Gobierno a retirar el nuevo mapa de transporte por carretera

Pide también que se incluya un mecanismo de financiación continuo y suficiente para cubrir el coste total del servicio

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:53

El Grupo Popular de la Diputación de Salamanca insta al Ministerio de Transportes que retire el nuevo mapa de concesión de líneas de autobús por entender que resulta sumamente perjudicial para la provincia de Salamanca, por entender que se suprimirán 33 paradas de autobús al recoger en la nueva norma que las paradas de los servicios serán, con carácter general, en las poblaciones principales de cada itinerario. «Esto supone una sentencia a la desconexión de miles de personas», denuncia la portavoz del Grupo Popular en la institución provincial, Pilar Sánchez, para quien dicha medida afectaría directamente a más de 17.000 ciudadanos del medio rural y por eso reclama dejar el mapa tal y como está.

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Además de esta petición, Sánchez también reclama al Congreso y al Senado que insten al Ministerio de Transportes a incluir un mecanismo de financiación continuo y suficiente para cubrir el coste total, de modo que otras administraciones puedan prestar los servicios de autobús de competencia estatal que el Ministerio no quiere seguir prestando. Y que según denuncia Pilar Sánchez la nueva propuesta «no garantiza la financiación en tiempo ni el coste total», sino que solo se cubrirían 40 millones de euros al año, cuando el coste total asciende a 110 millones. «Es de justicia dar la batalla porque de aprobarse esta normativa se agravaría la brecha territorial y social entre el medio rural y las ciudades», subraya Sánchez, para quien estas medidas «atentaría contra los objetivos de cohesión y vertebración del territorio».

Consciente de la medida del Ministerio viene a priorizar la rentabilidad económica frente al principio de servicio público, la portavoz del PP en la Diputación ve en esta normativa «un castigo a los más débiles, a quienes más necesitan el apoyo del Estado», ya que, según sus palabras, afectaría a tres millones de españoles que viven en la España rural: de las 1912 paradas se pasaría a 495, al reducirse de 79 contratos a 22, y disminuir las rutas de las 966 actuales a 510.

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