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Cuando se juega con temas tan delicados como la educación o la salud en los pueblos, la cosa puede ponerse muy fea porque sus habitantes están hartos de que se les trate como a ciudadanos de segunda. Y, a veces, tirán por la calle del medio cuando no se les hace caso.
Así ocurrió en febrero de 1998, cuando los habitantes de la Sierra querían que el futuro centro de Educación Secundiaria que iba a atender a los alumnos de ese área se situara en Miranda del Castañar y no en La Alberca, como había previsto el Ministerio de Educación. Y para hacer presión no se les ocurrió mejor idea que «secuestrar» a un inspector de Educación que pasó por allí el día 18.
Hasta 14 horas tuvieron retenido al pobre Luis Herrero mientras esperaban a ver si alguien del Ministerio se dignaba a hablar con ellos para plantearle sus reivindicaciones. Al final tuvo que entrar la Guardia Civil por la fuerza y liberó al inspector. Como consecuencia del asalto, varios agentes y algún que otro padre resultaron heridos.
No fue el único caso. Catorce años después, vecinos de Las Arribes aplicaron la misma técnica de presión, aunque esta vez en la Gerencia de Salud, situada en la avenida de Mirat. Allí mantuvieron retenidos a seis altos cargos de la Junta de Castilla y León durante más de diez horas a causa del cierre de las Urgencias nocturnas en Villarino y Barruecopardo. No hizo falta la intervención policial, aunque los funcionarios salieron escoltados porque los manifestantes les abuchearon, insultaron y escupioeron a la puerta del edificio.
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