Suele ocurrir que las cosas son lo que parecen. Y en ocasiones la verdad judicial concuerda con lo que todos sabíamos desde hace tiempo: que ... el fiscal general propiedad de Sánchez era un delincuente y que había filtrado información secreta de un contribuyente para beneficiar al Puto Amo en su pulso contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
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A veces tiene uno la sensación de vivir en un país donde funcionan las instituciones y donde se hace justicia por encima de las maniobras, las presiones y las campañas mediáticas de los más poderosos.
Es una sensación placentera que desaparece como por ensalmo cuando vemos, escuchamos y leemos las reacciones del Gobierno sanchista a la sentencia del Supremo que condena a García Ortiz, cuando desde el presidente a algunos de sus más poderosos ministros vuelven a atacar a los jueces, diciendo que «hay que defender la democracia de ataques que van cambiando su forma» (PS) o que «causa indignación y ganas de pelear y hacer frente a algo que pone en riesgo ciertos valores democráticos» (Óscar López). Por cierto, una sentencia apoyada por cinco de los siete jueces del alto tribunal, dos de los cuales, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, formaron parte del tribunal que en 2020 confirmó las durísimas condenas de cientos de años de cárcel por la Gürtel del PP. Si ambos hubieran cambiado su voto, el fiscal general se habría ido de rositas.
El sanchismo en el poder no solo no comparte la sentencia sino que no tiene ninguna intención de asumir las consecuencias. Unas consecuencias nefastas para el Gobierno y en particular para el líder supremo, que nombró, utilizó («¿De quién depende la Fiscalía?») y mantuvo en el puesto a quien no debió permanecer ni un minuto como máximo responsable de la persecución del delito cuando él mismo era sospechoso de ser un delincuente. Un tipo que borró los mensajes y cambió de teléfono para que no le pillaran.
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Sánchez no puede asumir las consecuencias de una sentencia que condena a su fiel servidor por hacerle el trabajo sucio contra un rival político. Por eso el presidente-lapa no dimitirá ni convocará elecciones, aunque hay sobrados motivos para ello si tuviera un mínimo de decencia y responsabilidad. Por haber nombrado a García Ortiz, por haber impulsado la campaña contra Ayuso que ha llevado al banquillo al fiscal general, por haberle mantenido cuando estaba procesado hundiendo la imagen la Fiscalía y por haber presionado al Supremo diciendo tras el juicio que sería absuelto.
Pero claro, Sánchez acumula tantos motivos para dimitir en los últimos años, ha superado tantas líneas rojas, se ha comportado tantas veces como un autócrata, ha mentido tanto y se ha reído tanto de los españoles desde que gobierna que el escándalo de la condena a su fiscal general, con ser gravísimo, no hace sino engordar la lista.
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Un buen puñado de los más altos dirigentes socialistas se han dejado caer por Salamanca este fin de semana para participar en la Escuela de Gobierno del partido. Ninguno ha tenido la valentía de pronunciar ni una sola palabra sobre la corrupción que inunda al entorno de Sánchez y del PSOE. Ni una sola alusión al varapalo del Supremo a 'su' fiscal general. No sabemos si el silencio se debe a la vergüenza, a la falta de argumentos o a que todo el escándalo les importa un pepino. Y de la Escuela de Gobierno… lo tenían muy fácil si querían pontificar sobre cómo se debe gobernar España. Bastaría con un consejo: «No hagáis lo que nosotros estamos haciendo».