¿Alguien pensó en algún momento que Sánchez iba a asumir alguna responsabilidad en la emergencia nacional que están suponiendo las decenas de incendios incontrolados en media España? A poco que se conozca su trayectoria, era fácil adivinar que pesaría más en su mente el frío cálculo político que el interés de los ciudadanos.
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Para el inquilino de La Moncloa los fuegos son una oportunidad de atacar a los presidentes de las comunidades autónomas afectadas, que son del PP, y quedarse tomando el sol en La Mareta disfrutando del espectáculo por la tele.
Así se ha tirado una semana larga y hoy domingo se dispone por fin a darse por enterado de la catástrofe, con una visita a las zonas afectadas por los incendios en León y Orense. Esperemos que no salga corriendo como en Paiporta.
Lo importante no es tanto que venga o se quede en el palacio de verano. Lo que nos debería importar es que hubiera puesto los medios necesarios para combatir mejor el fuego en El Payo y en Cipérez, y ha tenido que esperar a la tarde de ayer para enviar los primeros refuerzos, dos aviones cisterna italianos.
La extinción de los incendios es competencia de las comunidades autónomas, pero el Gobierno central debe implicarse cuando la situación se desborda y se convierte en emergencia nacional. ¿Y no estamos ante una situación gravísima donde los fuegos han avanzado sin control en Castilla y León, Galicia y Extremadura, segando vidas y haciendas? Entonces, ¿por qué no se declara la emergencia nacional ni se utilizan todos los recursos del Estado para apagar los incendios? Pues porque a Sánchez no le conviene asumir responsabilidad alguna mientras pueda echarle la culpa a otros. Se trata de cálculo electoral, de estrategia política. Sánchez gana y pierden los salmantinos, los castellanos y leones, los gallegos y los extremeños.
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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado a Sánchez más medios, más Ejército, más coordinación y menos insultos (¡Ay, Puente!). Le ha respondido el ministro Marlaska (Sánchez está a otras cosas) para decir que ya tenemos a la UME y que las comunidades autónomas lo están haciendo muy bien ellas solitas. Lo cierto es que el Gobierno ha recortado el número de sus aeronaves para apagar fuegos. La excusa es que no ha conseguido aprobar los presupuestos del Estado, pero cuando Sánchez quiere y se lo pide quien le tiene 'secuestrado', saca dinero hasta de debajo de las piedras. El resultado ha sido un recorte de la capacidad aérea justo cuando el calor extremo tras una primavera lluviosa hacía prever una campaña de riesgo máximo. La política antiincendios no ha sido una prioridad, como no lo ha sido la defensa de la ganadería que limpia el bosque, ni la relajación de los postulados ultraecológicos para permitir las tareas de desbroce.
También le ha propuesto Mañueco a Sánchez que a la vuelta del verano celebre una conferencia de presidentes autonómicos para abordar una estrategia común frente al fuego. Una propuesta sensata, pero que a Sánchez tampoco le cuadra. Al inquilino de La Moncloa le va más el ordeno y mando, los decretos ley, o en todo caso, una negociación bilateral con algún delincuente perseguido por la Justicia española.
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Aquí lo sabemos bien: al fuego no se le vence con discursos ni con visitas tardías, sino con aviones y anticipación. Todo lo demás, el letargo maretero, las excusas y los gestos a destiempo, son palabras que, como el viento seco de agosto, no hacen más que avivar las llamas.
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