DE CALLE

Basura europea

La subida de la tasa de basuras impuesta por la UE no cumple ninguno de sus objetivos: solo sirve para que paguemos más

La normativa europea que obliga a los ayuntamientos a cobrar a los vecinos el coste efectivo de la recogida de basuras es uno de esos ... engendros surgidos de las teorías ultraecologistas de Bruselas, cuyos miles de funcionarios no se cansan de incrementar la legislación y las exigencias medioambientales.

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La directiva de la UE, que el Gobierno traspuso en 2022 y que ha entrado en vigor en abril de este año, obliga a los municipios a implantar una tasa específica de residuos urbanos que cubra el coste real del servicio y todos los ayuntamientos deben cobrarla, incluso aquellos que antes financiaban en parte la recogida de basura con el IBI. La iniciativa de los 'cerebritos verdes' de la Unión Europea no es inocua: ya se ha traducido en una subida de entre el 35% y el 50% anual en la tasa de basura para los salmantinos.

La aplicación real de la directiva está demostrando que no sirve para cumplir ninguno de los objetivos que la justifican: ni corrige los malos comportamientos ambientales, ni incentiva el reciclaje sino que termina penalizando por igual a quienes generan mucha basura y a quienes se esfuerzan por reducirla.

El principio de «quien contamina paga» podría tener sentido si se aplicara de forma individualizada, vinculando la factura al volumen real de residuos de cada hogar. Pero la regulación europea no exige sistemas de pago por generación; simplemente obliga a los ayuntamientos a cubrir costes. Resultado: las tasas suben, pero nada cambia en el comportamiento de las familias ni de los dueños de los establecimientos, porque la factura es idéntica se recicle o no, se reduzcan o no las bolsas que van al contenedor.

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La Unión Europea afirma que esta obligación mejora la eficiencia y orienta hacia la prevención, pero en la práctica solo sirve para elevar la presión fiscal a los vecinos, sin garantizar que el servicio mejore, que aumente el reciclaje o que se reduzca el vertido. Una estupidez como la copa de un pino.

Además, la normativa ignora desigualdades territoriales y sociales: municipios pequeños como la mayoría de los que componen la provincia de Salamanca se ven empujados a castigar a sus vecinos que acaban ciscándose en las incomprensibles políticas ambientales.

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Ni que decir tiene que el Gobierno sanchista-comunista está encantado de imponer a los ayuntamientos esta subida de tasas. Llevan impreso en su ADN el impulso a cobrar cuantos más impuestos mejor y por eso han aprobado un centenar de normas que han elevado la recaudación fiscal en España a niveles estratosféricos. En eso son insaciables.

Y los socialistas de Salamanca, con José Luis Mateos al frente, no solo están encantados, sino que se han puesto a pensar, que es lo peor que pueden hacer algunos, y dándole vueltas al asunto, han llegado a la conclusión de que habría que cobrar más a los vecinos de los barrios que reciclan menos o producen más basura. Es decir, que si tienes la mala suerte de vivir en una zona con muchos establecimientos, te toca pagar más de todas todas, aunque seas un probo ciudadano que recicla, reduce y reutiliza la basura.

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Este tipo de tonterías emanadas de las mentes calenturientas de los oficinistas de Bruselas hay que sumarlas a otras como lo de cortarle el rabo a los cerdos o esa famosa agenda en la que los ganaderos tendrían que apuntar dónde pasta cada día cada una de sus vacas. A los funcionarios de Bruselas deberían aplicarles una tasa inversa por producción, de forma que cobren menos quienes más reglamentos aprueben. Nos evitaríamos esta sobredosis de contaminación regulativa que nos tiene asfixiados.

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