Austeridad frente a derroche

En Salamanca, tirar la basura va a costar tres euros más al mes. Y no porque al Ayuntamiento le haya dado por cambiar de política fiscal, sino porque le obliga la ley estatal de residuos aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, esa que se diseñó entre despachos ministeriales y cafés de Moncloa, ha terminado cayendo como un ladrillo verde sobre nuestros bolsillos.

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, lo explicó con resignación: no es un capricho del Consistorio salmantino, es imposición nacional. La tasa se «ajusta para no ser deficitaria» porque así lo manda Moncloa. Y mientras el CTR de Gomecello se encarece un 446% por los impuestos estatales, los salmantinos pagamos el envase ideológico del capricho de los ecolojetas.

Frente a la vorágine recaudaroria, el Ayuntamiento pone su parte de mesura. En el mismo paquete de ordenanzas, Salamanca vuelve a congelar por duodécimo año consecutivo los cinco grandes impuestos municipales: el IBI, la plusvalía, el ICIO, el IAE y el de vehículos. Doce años sin tocar la presión fiscal local mientras el IPC supera el 27%. Ni una décima repercutida. Hasta se permitió el lujo de bajar un 5% el IBI en 2019. ¿Resultado? Los salmantinos pagamos lo mismo desde los tiempos en los que no existían ni inteligencia artificial ni coches eléctricos.

Esa política de austeridad supone una anomalía económica en España. La filosofía del alcalde García Carbayo se centra en proteger a familias y empresas frente a la inflación y las ocurrencias recaudatorias del Estado. El Ayuntamiento asume que servicios como el autobús o el agua se ajusten al IPC (un 2,7%) porque la ley y los contratos lo exigen, pero mantiene el bonobús especial congelado y presume, con razón, de tener unas tarifas entre las más baratas del país. Todo un ejercicio de contención fiscal en tiempos de derroche normativo.

Mientras tanto, al otro lado del espectro fiscal, el Gobierno de Pedro Sánchez multiplica los tributos con la alegría del despilfarrador empedernido. Durante sus siete años largos de mandato lleva aprobadas casi un centenar de subidas de impuestos que gravan no solo a la banca, las energéticas y los grandes patrimonios, sino que también exprimen a los trabajadores con el IRPF no deflactado y con multitud de impuestazos medioambientales disfrazados de «justicia social».

A Sánchez, ese trilero de las palabras, le encanta camuflar cada subida fiscal bajo los ropajes de la sostenibilidad, la solidaridad y el progreso. Pero el resultado siempre es el mismo: el contribuyente con la cartera más delgada y el aparato sanchista con los arcones llenos para derrochar a mansalva.

Tenemos también el ejemplo de la Junta de Castilla y León, donde Mañueco puede presumir de haber aprobado 34 medidas de rebaja fiscal: deducciones autonómicas, bajadas en el IRPF, bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y estímulos a la natalidad y al emprendimiento. Es la filosofía cuyo lema es que el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano que en el cajón de un ministerio, de una consejería o un consistorio.

Salamanca y la Junta optan por la congelación y la rebaja; el Gobierno central, por la subida permanente. Porque el aparato sanchista necesita miles de millones para sufragar las deudas que va contrayendo con los separatistas a cambio de mantenerle en La Moncloa.

Sánchez nos sale cada día más caro, y eso que, afortunadamente, no gobierna, sino que se limita a ocupar el poder para que no lleguen otros, no siendo que se les ocurra arreglar alguno de los muchos problemas que aquejan a los españoles.