El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha impuesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos que afectó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileñaIsabel Díaz Ayuso. Además, deberá indemnizarlo con 10.000 euros por daños morales.

La resolución no fue unánime. Cinco magistrados —Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela— respaldaron la condena, mientras que las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo votaron en contra. Polo, que era la ponente inicial de la sentencia, quedó apartada de esa función debido a su discrepancia, asumiendo Martínez Arrieta la redacción del texto.

El tribunal, de mayoría conservadora, ha dictado el fallo apenas una semana después de culminar un juicio histórico, al ser la primera vez que un fiscal general se sentaba en el banquillo. La decisión se ha comunicado este jueves a las partes, aunque no tendrá efectos hasta que se emita formalmente la sentencia, que aún no está redactada.

Por ahora solo se conoce el contenido del fallo, que señala: “Debemos condenar y condenamos a García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y a la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por dos años”. A ello se suma la indemnización a González Amador y el pago de las costas procesales.

Durante el juicio, las partes que solicitaron condena —la acusación particular de González Amador y seis acusaciones populares: APIF, ICAM, Manos Limpias y la acusación popular unificada liderada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa (junto a Vox y Hazte Oír)— plantearon distintas alternativas penales, desde revelación o violación de secretos hasta prevaricación o infidelidad en la custodia documental. En cambio, la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron la absolución.

El abogado de González Amador solicitó cuatro años de cárcel, tres de inhabilitación y suspensión de empleo, una multa de 108.000 euros y 300.000 euros por daños morales. No pidió responsabilidad civil subsidiaria para el Estado al considerar que los ciudadanos no deben asumir posibles responsabilidades económicas derivadas de los actos del fiscal general.

La APIF fue la que propuso la pena más alta: seis años de prisión y doce de inhabilitación, acusándolo también de prevaricación. No pidió indemnización al entender que eso corresponde únicamente a la víctima.

El ICAM reclamó cuatro años de prisión, tres de suspensión de empleo e inhabilitación y una multa de 81.000 euros. La acusación popular unificada (Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír) planteó igualmente cuatro años de cárcel y tres de suspensión e inhabilitación por revelación de secretos y prevaricación.

Manos Limpias redujo su petición inicial de cuatro a tres años de cárcel al considerar que lo filtrado a la prensa incluía datos del procedimiento y de carácter personal. Como alternativas, propuso penas de dos años de prisión e inhabilitación por violación de secretos, o, en último término, solo dos años de inhabilitación y una multa de 108.000 euros.