Prisión provisional, por presunta estafa piramidal, para el empresario que dio 100.000 euros a Alvise

El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional (AN), ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza para Álvaro Romillo, el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, por una presunta estafa piramidal cometida con la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

Así consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Calama argumenta que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al tiempo que subraya que se trata de «hechos que presentan caracteres de delito sancionados con pena superior a dos años de prisión» y con miles de afectados.

En concreto, el juez cifra en 3.062 los inversores perjudicados por la plataforma MIC, de los cuales 2.976 «desembolsaron un total de 185.511.947,76 euros».

En el auto, el magistrado detalla que el dinero que los inversores ingresaron en las cuentas indicadas en la plataforma MIC «no eran destinadas a las inversiones o compras» de esas criptomonedas, sino «directamente desviadas a otras cuentas del entramado societario» que habría creado Romillo.

Además, señala que 'CryptoSpain' --como es reconocido en sus redes sociales-- creó la plataforma «como instrumento a través del cual genera el engaño en los inversores o compradores». Un engaño cuyo «eje vertebrador», añade, «era la promesa de rentabilidades muy altas», del orden de un 20% anual.

Del mismo modo, el juez remarca que Romillo transmitía «una falsa imagen de profesionalidad de las personas que ejecutaban los servicios ofrecidos», aunque ha certificado que ni el empresario ni sus socios «tienen formación ni experiencia laboral alguna en servicios de inversión».

Con respecto al riesgo de fuga, Calama subraya que Álvaro Romillo dispone «de todas las cantidades que, habiéndose depositado por los compradores engañados, siguen sin localizarse«. Por ello, cuenta con una »privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia«, pues tendría »una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar« el territorio nacional.

El titular del juzgado ha apuntado a una «organización criminal creada y dirigida» por Romillo que contaría con 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, 15 países diferentes.

Dichas empresas, según consta en el auto, estarían administradas por presuntos testaferros que el instructor identifica como «personas vinculadas» al «círculo familiar» de Romillo y sus socios. Entre ellas, se encuentran consultoras de asuntos informáticos, de gestión de eventos culturales o gestorías fiscales.

En este sentido, el juez ha procedido al embargo de siete inmuebles, tres barcos y 112 plazas de garaje en una calle de Madrid, además de bloquear más de 1,7 millones de euros en criptomonedas y emitir los certificados de embargo a los países en los que tenía sus bienes.

Fuentes jurídicas han señalado que 'CryptoSpain' ha declarado este viernes en la AN su intención de colaborar con la justicia. También han manifestado que el empresario ha testificado ante el juez Calama que los inversores habían recuperado el dinero en metálico.

Las mismas fuentes han apuntado que el empresario ha negado un presunto alzamiento de bienes y que ha reconocido que su patrimonio proviene de su actividad en redes sociales y formación como 'CryptoSpain', pero no de MIC.

Asimismo, Romillo ha declarado que no dispone de dinero, aunque las acusaciones, que se han adherido a la petición de prisión provisional de la Fiscalía, han asegurado que se está alojando en un hotel de cinco estrellas en Madrid.

Fuera de la Audiencia Nacional esperaban una decena de personas que se presentan como víctimas de la presunta estafa. «Queremos recuperar nuestro dinero, 'Alvise' no nos importa», ha manifestado uno de ellos.

El empresario fue arrestado el jueves después de que el juez ordenara la «inmediata detención» de Romillo para «prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia» y «asegurar» su puesta a disposición judicial, después de que los investigadores le informaran de que habían descubierto una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada a 'CryptoSpain'.

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