Feijóo ultima el plan de regeneración del PP, que incluirá el cese automático del fiscal general si es procesado
Coincidiendo con el arranque del juicio a García Ortiz, el PP subraya que impulsará estas medidas si llega a Moncloa
E. P.
Madrid
Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:04
El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene «casi listo» su plan de regeneración democrática, que incluirá medidas como el cese inmediato y automático del fiscal general del Estado en caso de ser procesado. Además, los 'populares' proponen que el nombramiento del jefe del Ministerio Público quede condicionado al visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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El plan contempla más de 60 medidas en los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial para combatir la corrupción, frenar los «ataques» a la Justicia, garantizar el funcionamiento del Parlamento y detener la «erosión» institucional que, según el PP, ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez durante sus siete años en La Moncloa, según indicaron a Europa Press fuentes de la formación.
Feijóo otorga máxima prioridad a estas propuestas, que han contado con el asesoramiento de expertos y catedráticos —muchos de ellos prefieren mantener el anonimato y desvincularse del partido— y que planea impulsar durante sus primeros 100 días de gobierno, tal como ha anunciado públicamente.
Nombramiento del fiscal condicionado al CGPJ
Entre las medidas destacadas se encuentra la relativa al jefe del Ministerio Público. Concretamente, el PP propone que el procesamiento del fiscal general conlleve su cese inmediato y automático.
Según fuentes del partido, el objetivo es evitar situaciones como la actual de Álvaro García Ortiz, cuya dimisión ha sido reclamada por el PP durante meses. Ortiz se sentará este lunes en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos, en lo que será el primer juicio a un fiscal general del Estado, calificado como «histórico».
García Ortiz está acusado de filtrar un correo electrónico que reveló las negociaciones de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía para alcanzar un acuerdo en un caso de fraude fiscal. Se enfrenta a hasta seis años de prisión, 12 de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros.
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Además del cese automático en caso de investigación, el PP impulsará cambios en el Estatuto del Ministerio Fiscal para que su nombramiento no dependa únicamente del Gobierno, sino que requiera la aprobación del CGPJ. También propone medidas para reforzar la independencia del Poder Judicial, limitar las «puertas giratorias», establecer un mandato de cinco años para el fiscal general desvinculado del Ejecutivo y fortalecer la independencia en el Tribunal Constitucional y el CGPJ.
Otras medidas del plan de regeneración
El equipo liderado por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha trabajado durante todo el verano para perfeccionar este plan, tomando como base el documento que Feijóo presentó en Cádiz en enero de 2023.
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El PP pretende mostrar con este plan, uno de los pilares de su «alternativa», que existen dos formas de hacer política: la de respeto al Estado de Derecho y sus instituciones, que defiende Feijóo, y la centrada en «colonizar» las instituciones, que atribuyen al Gobierno de Sánchez.
Entre las medidas se incluyen la protección de la integridad territorial del Estado, la recuperación del delito de sedición, la anulación de la reforma de la malversación y la tipificación del delito de referéndum ilegal.
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Oficina de Calidad Democrática y fortalecimiento legislativo
El plan también contempla garantizar las funciones del Parlamento y la calidad de las leyes, limitando el uso del real decreto ley, regulando la periodicidad del Debate sobre el estado de la Nación y creando una Oficina de Calidad Democrática.
Asimismo, incluye iniciativas de buen gobierno, como asegurar que la alcaldía recaiga en la candidatura más votada, establecer comunicación frecuente entre presidente y líder de la oposición y prohibir el uso de recursos públicos en actos partidistas.
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El documento prevé también medidas para «recuperar el prestigio de las instituciones», estableciendo requisitos de idoneidad para los responsables de organismos reguladores y restaurando la credibilidad e independencia de entidades afectadas durante esta legislatura, como el CIS, el INE, el CNI y RTVE.
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