Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca tuvo que pagar 3 millones en Mónaco

El empresario eólico Carlos Galdón Cabrera, promotor de Avanzalia, ha acusado al fallecido exconsejero de EconomíaTomás Villanueva, a su entonces número dosRafael Delgado y al abogadoJesús Rodríguez Recio, considerado la “mano derecha” de este último, de haberle sometido a chantaje para desbloquear la autorización final de un parque eólico en la provincia de Salamanca. Según su testimonio, llegó a pagar tres millones de euros en Mónaco para conseguir el permiso.

Durante la sesión del juicio por la llamada 'trama eólica', que se celebra en la Audiencia de Valladolid y en la que se investigan presuntas mordidas a altos cargos de la Junta y empresarios del sector, Galdón calificó a los tres acusados de “banda”. Relató los graves obstáculos que sufrió para sacar adelante sus proyectos en Castilla y León, especialmente los parques de Zarapicos y Peñacabra.

La primera fase del parque de Zarapicos, con un megavatio de potencia, se puso en marcha en 2005 sin contratiempos. Sin embargo, a finales de 2006, al intentar desarrollar una segunda fase de diez megavatios, comenzaron los problemas. Galdón responsabiliza directamente a Villanueva, Delgado y Rodríguez Recio de paralizar el proyecto, lo que le llevó a solicitar una reunión con ellos para desbloquear la situación.

“Íbamos con toda la ilusión porque iba a ser la planta más importante de Europa, con diez megavatios”, explicó el empresario, que describió la actitud de Villanueva y Delgado como “cómplice”. Añadió que, pese a haber invertido 66 millones de euros y tener la planta terminada, la autorización no llegaba y la presión de los inversores le llevó a una situación límite.

Según su denuncia, recogida por Europa Press, los tres le enviaron como intermediario a Francisco Aguirre, de Aguiase SL, ya fallecido, quien le transmitió que debía pagar tres millones de euros en Mónaco para obtener la autorización. “Hubiera pagado cinco millones, estaba desesperado y a punto de ir a la cárcel”, admitió. El permiso se concedió el 28 de marzo de 2007.

Meses después, el 20 de julio de 2007, Avanzalia firmó con Aguirre un contrato de “prestación de servicios” por 1,5 millones de euros, también ingresados en una cuenta en Mónaco. Gracias a esa intermediación, la empresa consiguió hacerse con el parque Peñacabra, de 100 megavatios, adquirido a Gamesa por 500.000 euros. Sin embargo, Galdón aseguró que años más tarde descubrió que había sido “una estafa”, ya que el parque no alcanzaba las 3.000 horas de producción prometidas.

Pese a todo, Avanzalia prosiguió con una tercera fase del parque de Zarapicos, de dos megavatios. Aunque el proyecto se ejecutó completamente, se topó con la falta de conexión eléctrica por parte de Iberdrola. Ante ello, Galdón pidió amparo a la Junta, y tras nuevas presiones —que atribuye nuevamente a Delgado, Rodríguez Recio y Aguirre— logró el enganche, pero a cambio de un “peaje”: tuvo que vender siete plantas a cada uno de ellos “a precio simbólico”.

“Cada planta valía 700.000 euros, pero las vendimos por 100.000. No servían de nada sin conexión, e Iberdrola no cedía”, lamentó. Durante el interrogatorio de Rodríguez Recio —que se defiende a sí mismo—, Galdón replicó que quien le preguntaba “era la voz de su amo”, refiriéndose a Delgado, y recordó incluso haberle entregado una lista de parques “para que eligiera”.

Otro promotor, José María Campos, administrador de Augusta Wind, relató un caso similar. Explicó que su empresa fue una de las primeras en invertir en parques eólicos en Castilla y León, convencida de que los proyectos prosperarían pronto. Sin embargo, tras cinco años de espera sin permisos, comenzó a reclamar explicaciones al EREN (Ente Regional de la Energía).

Finalmente fue citado por el entonces jefe del departamento de Energías Renovables, Rafael Ayuste, quien, según Campos, le dijo confidencialmente que “el pastel había que repartirlo” y le propuso renunciar a varios proyectos y venderlos al grupo ACS, presidido por el actual presidente del Real Madrid. Desde la Junta también se le habría insistido en que debía incorporar socios locales en lugar de la empresa alemana Nordex, con la que trabajaba.

Campos y su esposa terminaron vendiendo sus acciones de Augusta Wind a ACS, que se quedó con los parques de Lora 1, Lora 2, Arroyal y El Páramo, por un precio de 10.000 euros por megavatio, una cifra “muy por debajo del mercado y que ni siquiera cubría los costes”.

También declaró Carlos Fernando Marquerie, de la empresa Four Innovation, en la que Rafael Delgado, tras abandonar la Junta, participó como accionista mediante un contrato del 2 de octubre de 2012. En él se comprometía a invertir cerca de un millón de euros, pero según Marquerie, solo aportó 50.000 euros y su implicación se limitó a intentar generar negocio para la firma.

“Delgado quería invertir en startups y dijo que disponía de un millón de euros de su patrimonio familiar”, explicó Marquerie. Añadió que el ex alto cargo llegó a proponer la entrada de una sociedad polaca vinculada a Alberto Esgueva, también procesado, pero rechazó la oferta porque las relaciones entre ambos eran “tensas” y la empresa “no tenía relación con la actividad de Four Innovation”.

En total, los trece acusados en la presunta trama eólica se enfrentan a 123 años y medio de prisión y 850 millones de euros en multas, según la solicitud del Fiscal Anticorrupción.

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