La crítica de los jueces salmantinos: las sedes judiciales están de pena

La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha convertido en el muro de lamentaciones en el que los jueces salmantinos vuelcan sus quejas ante décadas de incumplimientos que han convertido en crónico el deterioro de los espacios judiciales.

El mejor ejemplo es la eterna prórroga de la reforma del Palacio de Justicia, ubicado en la Gran Vía, y que acoge además de la Audiencia Provincial, el Juzgado y la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. En el inmueble, apenas reformado en más de seis décadas, se acumula la principal desidia del Ministerio de Justicia hacia Salamanca. “No reúne las condiciones de accesibilidad legalmente previstas, cuestión esta en la que se viene insistiendo reiteradamente con nulo resultado con la excusa de la inminente reforma del edificio y las necesidades técnicas”, traslada el presidente de la Audiencia, José Antonio Vega, que recuerda a Justicia que tienen que acudir tanto a los servicios sociales como a Cruz Roja cada vez que tiene que intervenir una persona con problemas de movilidad. En la misma línea, recuerda la necesidad de crear un espacio para el archivo judicial y recuerda que la intención de crearlo en el sótano no es lo más idóneo al ser un lugar lleno de humedades, inadecuada ventilación y riesgo de inundaciones.

Los problemas estructurales también provocan que enjuiciados, víctimas y testigos coincidan antes de un juicio de menores debido a la inexistencia de una sala propia —petición que ya se incluyó los pasados años y quedó en el olvido—. Si los problemas del edificio son crónicos, la desidia del Ministerio con los materiales más simples en el edificio de la Audiencia clama al cielo. “El material de oficina que se suministra es manifiestamente deficiente llegando al extremo de ser absolutamente inservible para sus fines: bolígrafos, grapas, fastener”, detalla y suma la necesidad de sillas ergonómicas para los funcionarios o un arco de seguridad constantemente averiado dada su antigüedad.

El juez decano, Juan Rollán, lamenta los años que vienen repitiéndose estos problemas. “Al final ellos conocen qué necesidades tenemos y está en manos del Ministerio que es el que tiene el dinero”, lamenta. Aún pendiente de la puesta en marcha del nuevo juzgado, el de Primera Instancia número 10, que se dedicará exclusivamente a los asuntos de Familia y que se asentará en una de las plantas del Palacio de Justicia —se aprobó en diciembre y aún no se ha puesto en marcha—, el juez decano también ha trasladado la necesidad de tres nuevos juzgados —uno de Primera Instancia, uno de lo Penal y otro dedicado a lo Social—. Este último requiere de especial urgencia debido al incremento de demandas relacionadas con las empresas y los ERTES. “Todos los asuntos sociales están disparados”, incide el juez decano. Prácticamente todos los juzgados piden aumentar la plantilla con funcionarios del cuerpo de Gestión y que se solucione la lentitud de los sistemas informáticos que deriva en la desesperación de jueces, magistrados y fiscales. El expediente judicial electrónico que venía a solucionar gran parte de los problemas y a dar más agilidad al sistema ha acabado convirtiéndose en una dificultad añadida por su lentitud.

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