Antolín Alonso, edil de Vitigudino, se enfrenta a 12 años de inhabilitación

Una pena de 2 años y 9 meses de prisión, una multa económica de 10.000 euros y la inhabilitación especial por 12 años para empleo o cargo público, así como el pago de las costas del procesos, es a lo que se enfrenta el edil del Ayuntamiento de Vitigudino, Antolín Alonso Fernández, como consecuencia de la denuncia presentada contra él por un presunto delito de prevaricación.

Penas que han sido fijadas en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía provincial de Salamanca ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vitigudino, que es el encargado de realizar las diligencias previas. Escrito en el que la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Salamanca.

El proceso pretende dilucidar si hay delito en las actuaciones realizadas por Antolín Alonso Fernández, en el ejercicio de sus atribuciones cuando entre los años 2011 y 2014 ejerció como concejal con la facultad de resolver expedientes de solicitud de licencias urbanísticas y, posteriormente, como teniente de alcalde con delegación expresa, por parte del entonces alcalde, Germán Vicente, de funciones relativas a urbanismo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía hace constar que “en el marco de sus facultades, otorgó repetidamente licencias urbanísticas a pesar de conocer que las mismas eran contrarias a la legalidad urbanística del municipio”, entre ellas, relativas a lo establecido en las ordenanzas estéticas, medianeras vistas y licencias de primera ocupación.

En base a estas consideraciones, la Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito continuado de prevaricación urbanística, del Código Penal, por lo que según el escrito presentado procede “imponer al acusado la pena de 2 años y 9 meses de prisión, 18 meses de multa con un cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas impagadas e inhabilitación especial por 12 años para empleo o cargo público.

Una notificación que Antolín Alonso aseguró no conocer todavía oficialmente.

Fuentes del Ayuntamiento señalaron a LA GACETA que “aunque la petición de la Fiscalía puede ser elevada, una vez que se emitan los escritos de la defensa y se inicie el juicio oral, estas pretensiones seguramente se verán notablemente rebajadas, más teniendo en cuenta que una parte de los expedientes denunciados son muy pequeños”.

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