Escaso impacto de la ley de eutanasia en Salamanca

Dos años después de la entrada en vigor de la Ley de la Eutanasia -la fecha se cumple el domingo 25 de junio-, el impacto que ha tenido la regulación en la provincia de Salamanca ha sido escaso. En marzo de 2022 ya se habían aplicado dos eutanasias en la provincia salmantina -sobre un total de tres en Castilla y León- y la cifra durante los meses siguientes ha aumentado, aunque no mucho teniendo en cuenta los registros regionales.

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, desde la entrada en vigor de la Ley, en junio de 2021, y hasta el 31 de diciembre de 2022, se han recibido 24 solicitudes de eutanasia y se han llevado a cabo en toda la Comunidad un total de 11, aunque las autoridades sanitarias no ofrecen información provincializada debido a la protección de datos, ya que existen algunas provincias en las que «sería relativamente fácil deducir de quién se trata».

La Asociación Derecho a Morir Dignamente presentó este jueves el informe con el que hace balance de estos dos años y las cifras demuestran que existen notables diferencias entre las distintas comunidades autónomas, siendo Castilla y León una de las autonomías donde menos repercusión ha tenido la eutanasia. Mientras que en Navarra las muertes por eutanasia suponen el 0,2% del total de fallecidos anuales, en Castilla y León solo son el 0,03%. Se trata de la 14ª comunidad donde la ley ha tenido menos impacto. De hecho, solo Extremadura, Galicia y Murcia tienen un porcentaje de casos de eutanasia inferior al de Castilla y León.

El portavoz de 'Derecho a Morir Dignamente' es el médico salmantino Fernando Sanz, que asegura que la gran mayoría de casos de eutanasia que se están registrando en España son de «pacientes con enfermedades neurodegenerativas» -como la ELA- y «menos casos de tumores de los que cabría esperar». De hecho, desde la asociación ELACyL confirmaban el pasado año que se habían registrado varias solicitudes de eutanasia por parte de los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica, tanto por la dura calidad de vida que afrontan estos pacientes en la fase final de la enfermedad -cuando apenas pueden mover ningún músculo del cuerpo-, como también «porque prefieren morir a asfixiar a sus familias» con los altos costes que supone el cuidado de estos pacientes.

Los especialistas en el campo de la eutanasia encuentran bastantes dificultades para determinar cuáles son los problemas de cada provincia. «Es difícil precisar por provincias porque en realidad no hay datos tan específicos», apunta Fernando Sanz, pero sí apunta que «existe una gran disparidad en cómo se ha implementado la prestación en la distintas comunidades autónomas».

Hablan de trabas por parte de los profesionales sanitarios que no comulgan con la eutanasia y se resisten a iniciar los trámites del proceso, aunque ellos no lo vayan a ejecutar. También se echa en falta «una mayor implicación por parte de la sanidad privada», sobre todo para los pacientes que reciben la asistencia sanitaria a través de Muface, Isfas y Mugeju, que reciben como respuesta un «eso aquí no se hace».

El obstáculo más generalizado durante estos dos primeros años de funcionamiento de la Ley Orgánica es el «alargamiento excesivo e injustificado de los plazos del proceso». Apuntan que, de los 25 días que podría durar el proceso desde la primera solicitud hasta que se autoriza la eutanasia, «lo más habitual es que dure más de 50 días».

El doctor Fernando Marín incide en el contexto de «extrema debilidad y sufrimiento» en el que se producen la mayoría de estas solicitudes. De hecho, se estima que una de cada tres personas que solicitan la eutanasia fallece antes de concluir el proceso, que es lo contrario a lo que se pretende cuando se habla del derecho a morir dignamente. «Nos gustaría clarificar en qué situaciones mueren las personas durante su solicitud», expresan.

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