Un 10% de los confinados, multados por saltarse la cuarentena
La Policía Local de Salamanca ha visitado 2.888 domicilios de personas que dieron positivo: 297 no estaban en casa
Jueves, 12 de noviembre 2020, 09:30
La Policía Local de Salamanca ha visitado casi 3.000 viviendas de personas que debían guardar la cuarentena por haber dado positivo en coronavirus tras haber sido sometidos a una PCR o bien eran contactos de una persona contagiado, por lo que un médico les ha indicado aislamiento domiciliario. Desde que el 18 de septiembre se firmó el convenio entre la Junta de Castilla y León, a través de la Delegación Territorial, y el Servicio Territorial de Sanidad con el Ayuntamiento de Salamanca, los agentes de la Policía Local han acudido a un total de 2.888 inmuebles en la capital para comprobar que la persona en cuarentena se encuentra en el domicilio facilitado a Sanidad. Esto supone que los agentes realizan casi 55 comprobaciones diarias, según los datos facilitados por el área de Policía Local que dirige Fernando Carabias.
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De estos pisos vigilados, los agentes han detectado que en 297 casos las personas que habían dado positivo o eran contactos directo de positivos no se encontraban en sus domicilios, saltándose la cuarentena y poniendo en riesgo de contagio al resto de ciudadanos. Es decir, uno de cada diez vigilados incumple el confinamiento.
En las últimas semanas, el nivel de cumplimiento ha aumentado, puesto que el grueso de infracciones se detectó al inicio de los controles, cuando desde el 18 al 22 de septiembre, de 351 domicilios visitados se comprobó que 81 personas incumplían la cuarentena prescrita. La Policía Local traslada a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León las denuncias formuladas. La Delegación inicia un expediente sancionador en el que los servicios jurídicos, en caso de que constaten garantías de éxito, determinan su traslado al Juzgado para que trate de ratificar el confinamiento de esa persona. Fuentes de la Junta de Castilla y León reconocieron ayer que ya se están tramitando denuncias, aunque en la mayoría de los casos son denuncias administrativas con cantidades que oscilan entre 100 y 3.000 euros -sin que la Junta informe de la cantidad al no haber concluidos los expedientes-.
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