La Junta ve innecesario que la Ciudad Vieja pase a considerarse BIC Mundial

Ni más protección ni mayor reconocimiento. Para la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, convertir, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, la Ciudad Vieja de Salamanca, así como el resto de espacios incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, en Bien Cultural de Interés Mundial no tiene ningún sentido práctico. Esta nueva categoría de BIC, que pretende crear el Ministerio en el que acaba de aterrizar Miquel Iceta y que aparece recogida en el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico aprobado en el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, “no aporta ninguna novedad ni efecto”, según la Consejería de Cultura de Castilla y León.

El pasado 19 de julio, día en que acabó el plazo para presentar alegaciones al nuevo texto normativo, el departamento autonómico a cuyo frente se encuentra Javier Ortega informó de que ha presentado alegaciones a esta modificación de la Ley 16/1985 y, entre ellas, destaca el rechazo a esta nueva figura de BIC Mundial. Para el Ejecutivo regional, los bienes como la Ciudad Vieja de Salamanca ya cuentan con la máxima categoría de protección y su inscripción en la lista de la Unesco obliga a aceptar los términos, criterios y obligaciones de la Convención de Patrimonio Mundial.

No obstante, la reforma que plantea el Gobierno central implica también que para tomar cualquier decisión que afecte al casco histórico de Salamanca se creará un patronato específico del que formarían parte la Junta, el Ayuntamiento, entidades privadas y el Ministerio de Cultura, que “dispondría siempre de la mayoría de votos” en este órgano. Fuentes de la Consejería apuntan que la idea del patronato puede resultar positiva, pero, siempre y cuando, se respeten las competencias de cada administración. Si bien, sobre este aspecto, no se ha manifestado directamente la administración autonómica, una de las “pegas” que, según recoge la nota de prensa, ha puesto al futuro texto normativo alude a una posible desvirtuación de “la competencia que con carácter exclusivo tiene la Comunidad de Castilla y León en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico”. Y es que, tal y como se plantea ahora la Ley, el Ministerio, a través de ese patronato, podría llegar a asumir funciones que actualmente está desarrollando la Dirección General de Patrimonio de Castilla y León apoyada por sus diferentes servicios, comisiones y ponencias territoriales.

Más críticas han sido otras comunidades autónomas y ayuntamientos, especialmente de Andalucía, con esa “invasión” de competencias por parte del Estado que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez.

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