28 septiembre 2020
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Obligan a pagar la pensión a sus hijos a un hombre preso por apuñalar a su ‘ex’

La juez le quitó la patria potestad de los dos menores y le prohibe verles

15 sep 2020 / 17:53 H.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha confirmado la sentencia de primera instancia que obliga a un hombre a seguir pagando pensión de alimentos a sus hijos menores pese a estar en prisión por apuñalar a su expareja, haber perdido la custodia y patria potestad y tener prohibido verlos y comunicarse con ellos. Concluye el tribunal que “la obligación de pagar alimentos a los hijos menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisión el progenitor” y que en este caso, si bien puede advertirse una dificultad para continuar con actividades empresariales, existe una presunción de ingresos puesto que el apelante es titular de catorce inmuebles y está dado de alta en cuatro actividades empresariales.

El pasado 10 de marzo, la juez de instancia dictó una sentencia en la que acordó atribuir en exclusiva la patria potestad de dos menores a su madre, suspendiendo el ejercicio de la patria potestad del padre. Suspendió además el régimen de visitas, comunicación y estancia de los menores con el padre y ordenó la contribución de éste a los alimentos de los menores en la cantidad de 200 euros mensuales por cada hijo (400 euros en total). Respecto a los gastos extraordinarios de los niños ordenó el abono de la mitad a cada uno de los progenitores.

Contra esta sentencia, se interpuso recurso mediante el que se solicitó que se dejara sin efecto el régimen de alimentos hasta que el padre no saliera de prisión y subsidiriamente éste se redujera a la cantidad de 70 euros por hijo (140 euros en total). Alegaba el padre que no se pueden generar ingresos al estar en la actualidad en la cárcel y no tener remanente alguno de dinero ahorrado para pagar nada, además de tener deudas. Recurso contra el que tanto la madre de los menores como el fiscal mostraron su oposición.

En sus fundamentos jurídicos, concluye el tribunal salmantino que “la sentencia de instancia efectúa una correcta valoración de las pruebas practicadas con total inmediación” y señala que “el ingreso en prisión del apelante dificulta la obtención de rendimientos económicos, pero no puede perderse de vista siguiendo entre otras la sentenciadel Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2014 que la obligación de pagar alimentos a los hijos menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisión el progenitor que debe de prestarlos, si al tiempo no se acredita la falta de ingresos o de recursos para poder hacerlos efectivos”.

Añade que en este caso “si bien puede advertirse una dificultad para continuar con actividades de carácter empresarial, sin embargo existe como así recoge la juez una presunción de ingresos, pues según se acredita con el punto neutro judicial, el apelante es titular de catorce inmuebles, además existen otras pruebas indiciarias de ingresos económicos que no obstante no afloran y se advierte una opacidad por parte del apelante pues está dado de alta nada menos que en cuatro actividades empresariales y continúa de alta en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social abonando una cuota que está fijada en unos 300€euros al mes a pesar de estar en prisión”.

Además, señala la sentencia de la Audiencia Provincial, “sigue siendo titular de un secadero de jamones y también de una finca con animales, qué más allá de las dificultades en la explotación, no queda acreditado que carezca de ingresos económicos”.

En consecuencia, el tribunalconfirma en su integridad la sentencia dictada de instancia, sin acceder tampoco a la petición de reducción del importe de la cantidad a abonar a cada hijo a 70€euros al mes, “en atención a que la cantidad fijada en sentencia de 200€euros al mes por cada hijo ( lo que supone 400€ al mes) es una cantidad poco elevada en atención a las necesidades de los hijos e incluso se corresponde con los rendimientos que obtiene por el alquiler de una vivienda, de manera que debe atenderse prioritariamente las necesidades de los menores, incluso frente a otras deudas a las que se refiere en su recurso”.

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