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H.O.G., el presunto autor de la que se dio a conocer como ‘estafa de las ventanas’, con múltiples afectados en Salamanca y distintas localidades de la provincia, se sentará el próximo miércoles en el banco de acusados del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca. Lo hará para enfrentarse a una condena de dos años y seis meses de prisión que le pide la Fiscalía por un delito continuado de estafa. Le solicita además que indemnice a los afectados en cantidades que van desde los 280 euros a más de 10.000, dependiendo del caso.
Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificaciones provisionales, al que ha tenido acceso LA GACETA, el acusado, que a día de hoy tiene 42 años de edad y carece de antecedentes penales, se publicitó como empresario dedicado a la instalación de ventanas y cerramientos, bajo el nombre comercial ‘HOG Ventanas’, entre otros, y con local abierto al público en la avenida Alfonso IX de León de la ciudad de Salamanca.
En sus anuncios ofertaba igualmente la realización en domicilios de trabajos de instalación de ventanas, cerramientos y armarios de PVC, todo lo cual motivó que a lo largo de todo el año 2021 y principios del año 2022, diversos clientes contratasen sus servicios y abonasen pagos a cuenta de lo presupuestado, no teniendo el acusado intención alguna de realizar efectivamente los trabajos contratados, según el relato de la Fiscalía.
De este modo fueron un total de catorce las presuntas estafas de las que el Ministerio Público le acusa y cuyas víctimas residen en calles de la capital (calle Rúa Mayor, calle Orégano y calle Isaac Peral, entre otras) y también de la provincia (Cabeza de Béjar, Santibáñez y Villamayor, entre otras).
Según señala el Ministerio Público en sus informes provisionales, los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de estafa, previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad civil.
Le pide por este delito una pena de prisión de dos años y seis meses, así como el pago de las correspondientes indemnizaciones a las personas perjudicadas.
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