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E. P.
Viernes, 12 de abril 2024, 14:12
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La Guardia Civil investiga a los progenitores de un menor de dos años como presuntos autores de los delitos de lesiones por imprudencia y abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, después de que la criatura se intoxicara con cannabis.
La investigación comenzó el pasado 2 de abril del presente año cuando los agentes tuvieron conocimiento, a través de la Policía Nacional de Salamanca, del ingreso de un menor de dos años en el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila tras sufrir una intoxicación.
Tras ello se iniciaron una serie de investigaciones policiales para analizar las circunstancias, lo que llevó a saber que días antes los padres de este menor, con domicilio en un pueblo de la comarca de Pinares, tuvieron que trasladarle al centro para que recibiera atención médica ya que presentaba comportamientos inusuales e inestables.
Tras las pruebas médicas se decidió trasladar al menor a la UCI de Salamanca, ya que los análisis clínicos que le realizaron dieron positivo en cannabis y además presentando una intoxicación aguda.
El menor se recuperó y recibió el alta hospitalaria días después, pero asumió su tutela provisional la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, a la espera del esclarecimiento de los hechos ocurridos.
El análisis de todo ello, y ante sospechas fundadas de un control negligente del menor por parte de sus padres, al haber ingerido una sustancia tóxica a la que tuvo acceso sin impedimento, conllevó después, el 9 de abril, se derivó la imputación a los progenitores de los delitos citados y su puesta a disposición judicial en calidad de investigados.
Estas investigaciones continúan abiertas con el fin de descubrir cómo el menor tuvo acceso a esa sustancia tóxica y si se trató de un consumo accidental o no.
La actuación policial ha sido desarrollada por el Equipo Mujer Menor, perteneciente a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, con la activa colaboración del Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca, la Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, junto con los hospitales de Salamanca y Ávila.
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