La Fiscalía pide casi 10 años para un funcionario de Topas por someter sexualmente a una reclusa cada semana en el economato del penal
La fiscal del caso solicita 7 años de prisión por agresión sexual y 2 años y medio por abuso de función pública. Pide además 18 años de inhabilitación, 8 años de alejamiento y 2.000 euros de indemnización, que la acusación particular eleva a 10.000 euros
SALAMANCA
Martes, 23 de septiembre 2025, 06:00
El caso del funcionario de prisiones de Topas acusado de someter a tocamientos y agresiones sexuales a una interna en el economato del centro penitenciario da un paso más. Tras meses de instrucción, la titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Salamanca ha ordenado la apertura de juicio oral, de manera que el trabajador se sentará finalmente en el banquillo de la Audiencia Provincial para responder por unos hechos que se habrían repetido durante meses, tal y como adelantó LA GACETA el pasado mes de mayo.
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Según ha podido saber este diario, en su calificación provisional la Fiscalía reclama una condena de 9 años y 6 meses de prisión para el trabajador, J.B.P. Concretamente, le pide siete años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual y dos años y medio más por un delito de abuso de la función pública. A estas penas de prisión se suman la inhabilitación absoluta durante diez años por el primero y durante ocho por el segundo, la prohibición de acercarse a la víctima durante ocho años, y la imposición de cinco años de libertad vigilada tras cumplir la condena. También solicita que indemnice a la mujer con 2.000 euros por las secuelas ocasionadas.
La acusación particular, que ejerce la representación legal de la interna, pide penas algo inferiores en lo que respecto a la pena de prisión pero eleva la cuantía económica: ocho años de cárcel en total (cinco años y dos meses por el delito continuado de agresión sexual y dos años y ocho meses por abuso de la función pública) y una indemnización de 10.000 euros.
Según relata el fiscal, los hechos de los que acusa a J.B.P. ocurrieron entre el mes de septiembre de 2023 y el mes de enero de 2024, con una periodicidad de una vez por semana y aprovechándose de su condición de funcionario de prisiones del centro penitenciario de Topas, donde desempeñaba labores de área mixta en el economato del centro.
En esas fechas y con ánimo libidinoso, el trabajador sometió a la interna cuando esta trabajaba en el economato. Le dio besos y le realizó tocamientos por debajo de la ropa en el pecho, glúteos y vagina, y la obligó a masturbarle en algunas de las ocasiones, llegando a pedirle alguna vez que le hiciera una felación a lo que ella no accedió.
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En una de las ocasiones en que masturbó al acusado, la reclusa logró recoger muestras de semen que, tras los análisis oportunos, obtuvieron un perfil genético compatible con el acusado.
Señala además el Ministerio Fiscal que la perjudicada, que padecía previamente trastorno límite de personalidad, trastorno por consumo de sustancias, trastorno de la conducta alimentaria y trastorno adaptativo, ha visto agravada toda la sintomatología que padecía como consecuencia de los hechos relatados.
Un móvil, porros y amenazas para obtener favores sexuales
Según detalla la acusación particular, en su escrito de calificación provisional, tras someterla en el economato y ante la negativa de la interna a hacerle una felación, el acusado intentó convencerla entonces de que le dejara hacerle fotos del pecho a cambio de un teléfono móvil y porros al tiempo que aludía a la pérdida de su trabajo en el economato o al cambio de centro penitenciario para convencerla, llegando a ser acusada de su mala labor en el desempeño de sus funciones desde que dejó de permitirle ni que tan siquiera se le acercara.
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Camino abierto para la celebración de juicio
El auto de apertura de juicio oral, notificado a finales de julio, establece una fianza de 2.500 euros para garantizar responsabilidades civiles y declara competente a la Audiencia Provincial de Salamanca para juzgar el caso.
No detenido, pero sí investigado
El funcionario, que no llegó a ser detenido aunque sí fue investigado desde el inicio del procedimiento, se acogió, al menos en un primer momento a su derecho a no declarar. Será en el juicio donde tenga que responder ante las graves acusaciones que pesan sobre él.
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Indicios sólidos
Con la decisión judicial, se confirma que existen indicios sólidos de que el acusado se aprovechó de su posición de autoridad para someter a la reclusa, lo que abre la puerta a un juicio con gran repercusión en Salamanca.
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