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Fiscalía añade el delito de blanqueo al abogado salmantino juzgado por apropiación y deslealtad

Fiscalía añade el delito de blanqueo al abogado salmantino juzgado por apropiación y deslealtad

Además, ha elevado la pena para el acusado

Jueves, 14 de marzo 2019, 19:11

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El juicio contra un abogado salmantino acusado de quedarse con dinero de una compraventa en la que hacía de intermediario -26.500 euros en total- ha quedado visto para sentencia. En dos sesiones, la primera el 26 de febrero y la segunda este miércoles -en las que el acusado ejerció su propia defensa-, el fiscal no solo mantuvo su acusación sino que en sus informes finales elevó su petición de pena al considerarle autor de tres y no de dos delitos como hasta ahora: apropiación indebida, deslealtad profesional y blanqueo de capitales -delito del que antes no le acusaba-.

Según han informado fuentes del caso a LA GACETA, por el delito de apropiación indebida le solicita dos años de prisión y dos años de inhabilitación para la profesión de abogado; por el delito de deslealtad profesional, le pide 20 meses de multa a una cuota diaria de 20 euros (12.000 euros) y por el delito de blanqueo de capitales, un año y medio de prisión, el pago de 40.000 euros y dos años de inhabilitación para la profesión de abogado y como representante de sociedades mercantiles.

En total, el fiscal le reclama una condena de tres años y medio de prisión, así como seis años de inhabilitación, además de las cuantías económicas.

Por su parte, el abogado mantiene su inocencia. Él mismo negó las acusaciones a lo largo del interrogatorio que se le efectuó en la primera sesión, alegando que actuó en representación de una sociedad -aunque en otras ocasiones dijo que lo hacía como abogado- y en resumidas cuentas manifestó que no tiene nada que ver con los hechos de los que se le acusa y que el dinero no lo tiene él. Además alega indefensión respecto del último delito porque el fiscal ha cambiado la calificación en el último momento.

Según recoge el fiscal, los hechos se remontan a 2012 y 2013, cuando presuntamente el acusado aprovechó su labor de intermediario en una compraventa inmobiliaria para apropiarse primero de la fianza de 20.000 euros y más tarde de la indemnización relacionada con lo anterior, 6.500 euros.

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