El ‘Rey de los Gitanos’, en el banquillo por los 3 kilos de hachís hallados en Arapiles

La Fiscalía les acusa de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud y en notoria importancia, según ha podido saber LA GACETA, y solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión, además de una multa de 49.497 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de seis meses.

En su escrito de calificaciones provisionales, recoge el fiscal que los hechos ocurrieron sobre las 19:50 horas del 14 de mayo de 2019. Puestos de común acuerdo, Sinaí Giménez y Miguel Ángel Valverde circulaban a bordo de un turismo, un Renault Megane, por la autovía A-66, a la altura del municipio de Arapiles, cuando se toparon con un dispositivo de control establecido por la Guardia Civil. El primero conducía el vehículo, mientras que el segundo viajaba como copiloto.

Ante la presencia de los agentes, señala el fiscal, Miguel Ángel Valverde arrojó por la ventanilla un bolso pequeño que contenía dos envoltorios con hachís y otros cuatro con cocaína.

Detalla el fiscal que no consta que la cocaína por su cantidad estuviera destinada al tráfico ilícito de estupefacientes, no obstante los agentes ordenaron la detención del vehículo, en cuyo interior, concretamente en la zona del salpicadero, los agentes encontraron ocultos cinco envoltorios que contenían una sustancia en forma de 300 bellotas, que tras ser debidamente analizadas resultaron ser hachís.

La sustancia intervenida arrojó un peso neto de 2.988,92 gramos de cannabis con una riqueza del 22,08% y su valor en el mercado ilícito es de 16.498,83 euros en su venta al por menor en gramos. Concluye el fiscal que esta sustancia sí era transportada por los dos acusados para su posterior venta a terceras personas.

Como consecuencia del hallazgo de la droga, los agentes de la Guardia Civil se llevaron detenidos a los dos ocupantes del vehículo. Después de pasar la noche en los calabozos, Sinaí Giménez y Miguel Ángel Valverde comparecieron ante la titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Salamanca, entonces en funciones de guardia, que ordenó la puesta en libertad de ambos con medidas cautelares por un delito contra la salud pública.

Ninguno de ellos contaba con antecedentes con condena firme por delitos contra la salud pública y los dos acreditaron domicilio conocido, de manera que únicamente se les impuso la obligación de comparecer cuando el Juzgado de Instrucción número Dos -que ha instruido las diligencias del caso- les requiriera y de comunicar cualquier cambio de domicilio.

La Fiscalía de Salamanca les acusa ahora a ambos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud y en notoria importancia, delito previsto y penado en los artículos 368 y 369 del Código Penal.