Sin acuerdo en la audiencia preliminar por el burdel chino de la avenida de Portugal
Los dos acusados: L.G., un mujer de nacionalidad china, y J.A.D., un vecino de Salamanca, son considerados por la Fiscalía como colaboradores en una trama de explotación sexual | El juicio se celebrará el 19 de noviembre
M.C.
Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:00
La audiencia preliminar señalada para este miércoles por el procedimiento abierto tras el desmantelamiento del burdel chino que operaba en la avenida de Portugal arranca en la Audiencia Provincial de Salamanca. Los dos acusados han llegado al Palacio de Justicia, ella esposada y procedente de la prisión de Topas, él por su propio pie al encontrarse en libertad provisional. La principal implicada permanece huida, en rebeldía, y hay constancia de que se encuentra en su país.
En el acto celebrado este miércoles, las partes no han llegado a ningún acuerdo, tal y como se preveía dadas las elevadas penas solicitadas a los acusados, y el juicio se ha señalado para el 19 de noviembre.
Los dos acusados: L.G., un mujer de nacionalidad china, y J.A.D., un vecino de Salamanca, son considerados por la Fiscalía como colaboradores en una trama de explotación sexual que operaba en pleno centro de la ciudad. Sin embargo, la principal implicada, también china y considerada la responsable directa de la explotación, no estuvo presente. Según informan fuentes del caso, se encuentra en paradero desconocido y a día de hoy permanece en rebeldía judicial.
Según recoge la calificación provisional de la Fiscalía de Salamanca, la investigación policial se zanjó con el desmantelamiento de un piso convertido en prostíbulo clandestino, donde varias mujeres chinas eran obligadas a prostituirse bajo el control férreo de la dueña. Según el escrito de acusación, esta mujer -actualmente huida- era la cabecilla del negocio, mientras que los ahora procesados habrían facilitado la captación y el funcionamiento del lupanar. El Ministerio Público sostiene que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad y dependencia económica que favoreció su sometimiento.
La Fiscalía pide penas de 18 años de prisión para cada uno de los dos acusados, por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y favorecimiento de la prostitución ajena. A su juicio, ambos contribuyeron a mantener un entramado que convertía a las mujeres en mercancía, con beneficios económicos directos para los responsables.
