24 octubre 2020
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A juicio por desmontar techos, suelos, baños y hasta la instalación eléctrica tras el aviso de desahucio

El suceso ocurrió en mayo de 2015 en un local de Federico Anaya y la acusada se enfrenta hoy a un año de cárcel y 600€ de multa

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha señalado para este jueves el juicio contra una mujer, de iniciales S.P.M. y sin antecedentes penales, acusada de un presunto delito de apropiación indebida y de otro delito leve de daños tras desmontar techos, suelos, baños y hasta la instalación eléctrica de un local que tenía arrendado en la avenida de Federico Anaya tras el aviso de desahucio. La Fiscalía le pide una condena de un año de cárcel y el pago de una multa por importe de 600 euros por llevarse hasta los enchufes y los sanitarios del inmueble, además de pintar con spray los espejos para que nadie los pudiera utilizar una vez ella se fuera de allí.

Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso LA GACETA, los hechos tuvieron lugar a principios del mes de mayo de 2015, cuando S.P.M. desmanteló el local que tenía arrendado desde febrero de 2011 y que se encontraba situado concretamente en el paseo de los Nogales con entrada por Federico Anaya. Destaca la Fiscalía que entre otras obligaciones, la mujer había aceptado en el contrato que todas las mejoras que se realizaran durante el periodo de arrendamiento quedarían a beneficio de la propiedad a su término.

La reparación ascendió a 45.044 euros

A pesar de ello, señala, entre el 1 y 4 de mayo de 2015, y a sabiendas de que se había acordado su lanzamiento para el día 5 de ese mes, la acusada desmontó techos, suelos, baños e instalación eléctrica del inmueble, dejando las tuberías y cables a la vista. Además, se llevó enchufes, tarima, escayolas, sanitarios, aire acondicionado e insonorización del local. Por si todo ello fuera poco, destaca el Ministerio Público, antes de irse pintó los espejos con sprays para que nadie pudiera utilizarlos.

El presupuesto de reparación presentado se eleva a 45.044 euros, que alega además una rebaja en la renta del local a los nuevos inquilinos para que pudieran hacerse cargo de la reparación.

Además de la pena de prisión y el pago de la multa, la Fiscalía le pide la correspondiente indemnización.

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