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La fiscal salmantina, Teresa Peramato, en su nuevo despacho.
Teresa Peramato, fiscal contra la Violencia sobre la Mujer: “Al levantar las medidas restrictivas, el maltratador pierde el control absoluto”

Teresa Peramato, fiscal contra la Violencia sobre la Mujer: “Al levantar las medidas restrictivas, el maltratador pierde el control absoluto”

La salmantina tomó posesión hace unos días como máxima responsable de la Fiscalía sobre violencia machista

M.D

Domingo, 13 de junio 2021, 20:56

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La salmantina Teresa Peramato es desde hace unos días la nueva fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Nacida en la capital salmantina, aunque criada en Pedrosillo el Ralo, lleva desde 1990 en la carrera fiscal, en la que ha ocupado diferentes puestos, como el de fiscal ante el Tribunal Constitucional, cargo que desempeñó desde 2018 y hasta convertirse en la máxima responsable de la Fiscalía sobre violencia machista.

–Su llegada al cargo casi ha coincidido con el caso del padre de Canarias que supuestamente ha matado a sus dos hijas como venganza contra la madre. ¿Cómo se pueden evitar este tipo de situaciones?

–Estamos hablando de una violencia que nosotros llamamos vicaria y en la que el maltratador intenta hacer el mayor daño posible a la madre, y para ello no tiene reparos en dañar a las personas más próximas a su entorno, generalmente los hijos. Es una violencia difícil de prever, porque si se analizan los datos desde 2013 y hasta la actualidad, y sin contar a estas niñas, habría 39 niños asesinados en ese contexto de violencia de género y solo en ocho ocasiones había denuncia previa. No obstante, se está avanzando mucho. En el sistema Viogen se ha incluido a los hijos como un parámetro a tener en cuenta para valorar el riesgo al que pudieran estar sometidos. También hay carencias. No en todos los juzgados de violencia contra la mujer tenemos unidades de valoración integral forense. Si no protegemos a los niños, no podemos proteger a las madres, y a la inversa. Y hay que aplicar el protocolo médico forense, que establece que si se detecta un riesgo para los niños o personas con discapacidad que viven con las mujeres maltratadas, se debe poner en conocimiento del fiscal o del juez para las medidas provisionales.

–¿Hay cada vez más maltratadores que utilizan a los hijos contras las madres?

–Los expertos dicen que los niños que viven en un contexto de violencia de género sufren daños físicos, psicológicos, daños en el desarrollo de la personalidad, aprenden conductas violentas... También sabemos que un porcentaje altísimo de los que viven en un contexto de violencia son también objeto de maltrato y de una instrumentalización por parte del maltratador para establecer un control sobre la mujer, además de la violencia vicaria. Por eso yo creo que hay que tener claro que si no protegemos a la madre, no podremos proteger a los niños.

–¿La única solución es impedir las visitas y la custodia a los padres denunciados por maltrato?

–Es lo que se ha aprobado en la Ley de la Infancia contra la Violencia que entrará en vigor el 25 de julio. Se trata de un cambio de paradigma, porque antes la regla general era acordar un régimen de visitas. De las 165.000 denuncias, solo se dictaron 800 suspensiones del régimen de visitas. Lo normal era acordar el régimen de visitas aunque hubiera indicios de violencia de género. Ahora la legislación establece que la regla general debe ser no acordarlas si hay indicios de violencia doméstica o de género. Solo se aprobarán si se demuestra mediante pruebas que lo mejor para el beneficio del niño es que haya un régimen de visitas.

–¿Existe el síndrome de alienación parental?

–La postura de la Fiscalía es clara y desde hace muchos años. El síndrome de alineación parental no solo no existe, como dicen las asociaciones científicas. No está avalado por ningún organismo. Es una invención que parte de unas presunciones como que el niño ha sido programado en contra del padre, que se presume que es bueno siempre, sin investigar nada, influenciado por la madre, que es una manipuladora que va a hacer todo lo imposible para apartar al hijo de su padre. Y sin más, ese diagnóstico lleva como consecuencia la terapia de la amenaza, que supone arrancar al niño de la madre, a la que considera su única protectora, para llevarle con el padre, con el que no tiene relación o teme. Esa coerción, ese aislamiento del niño, se tiene que considerar necesariamente una forma de maltrato infantil. No se tiene en cuenta la opinión del niño, cuando lo que fija el ordenamiento jurídico y el sentido común es que les oigamos sin ningún prejuicio, sin haber presumido de antemano nada. Por eso la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia prohibe aplicar cualquier criterio no científico que presuma la manipulación de un adulto.

–¿Hay denuncias falsas en España?

–Las denuncias falsas en España desde el año 2009 solo han sido un 0,001%, de manera que hablar de que existen es absolutamente contrario a lo que nos dice un estudio pormenorizado. No es un problema que nos tenga que preocupar. Lo que de verdad nos debe preocupar es que se utilice el mito de las denuncias falsas como arma arrojadiza contra las mujeres que son víctimas de la violencia de género y contra los que trabajamos para erradicar esa violencia.

–¿Cómo se explica que de los 18 asesinatos machistas de 2021, 10 hayan sido en el último mes?

–No es la primera vez que se produce una acumulación de asesinatos de mujeres en pocos días. Se ha estudiado y no hay una razón que lo explique. En esta ocasión, lo que ocurre es que hemos salido de una pandemia, en la que la ciudadanía ha estado sometida a un confinamiento, a medidas de restricción de la libertad muy extremas, que poco a poco se han ido levantando. Esos diez asesinatos se han registrado tras el fin del estado de alarma. Yo creo que la situación postpandémica hay que tenerla en cuenta como una variable de cara a mejorar la respuesta frente a la violencia de género. Mientras que las mujeres estaban confinadas, han estado sometidas a esa violencia y a relaciones de poder desigual, de control y de abuso. Cuando estaban en casa, sus maridos y parejas tenían la situación más controlada y ellas han vivido una situación de terror absoluto. Pero cuando se han levantado las medidas restrictivas, el maltratador pierde esa situación de control absoluto y eso puede haber propiciado el incremento de la violencia. A partir de ahora habrá que tenerlo en cuenta a la hora de abordar los protocolos de actuación.

–¿Están los fiscales suficientemente preparados para abordar los casos de violencia de género?

–La Fiscalía ha de avanzar en la formación en todos los aspectos, no solo en lo jurídico, también en el tratamiento a las víctimas. Ese es uno de los objetivos de la Fiscalía General del Estado en los programas de formación inicial y continuada. Tenemos que avanzar en formación, el tratamiento tiene que ser sensible y empático y estar dirigido a evitar la revictimización, es decir, evitar los daños que sufren las mujeres como consecuencia del procedimiento civil o penal, que son siempre muy tortuosos, dolorosos y largos. Será difícil evitar el 100% de esa revictimización, pero sí que hay que reducirlo al mínimo posible.

–En muchos casos de violencia de machista, sobre todo la psicológica, ¿cómo puede demostrar la mujer que existe ese abuso?

–La violencia que sufre la mujer en el ámbito de la pareja o ex pareja suele ser en ámbitos íntimos, como el domicilio o la familia. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar testigos que no sean de ese círculo familiar es muy raro. La mayoría de las ocasiones contamos solo con la declaración de la víctima. Si le ha golpeado, seguramente habrá un parte de lesiones. Pero en aquellos casos de violencia psicológica, de control o de amenazas, no hay datos objetivos. Eso exige la necesidad de contar con el testimonio de la víctima. El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que debe informarse a la mujer de que puede optar por el silencio para no perjudicar al agresor. Esto imposibilita en muchas ocasiones que se puedan practicar otras diligencias de investigación. No obstante, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos han dicho que debemos hacer una investigación exhaustiva y efectiva, apurar las diligencias para considerar concluida esa fase.

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