02 diciembre 2021
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Temor en el sector inmobiliario salmantino por las medidas intervencionistas sobre el alquiler

Constructores, agentes de la propiedad y la Cámara de la Propiedad Urbana dudan de la legalidad de la medida y de su eficacia para contener los precios

08 oct 2021 / 09:25 H.
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Los principales agentes del mercado inmobiliario en Salamanca rechazan de manera rotunda el intervencionismo del Gobierno en el mercado del alquiler que va a implicar la futura Ley de Vivienda. Y esgrimen varios motivos para ello. Por un lado consideran que establecer límites de precio tiene un difícil encaje jurídico, además de dudar de la eficacia de la medida para facilitar el acceso a una vivienda allí donde hay problemas. Recuerdan que en otras ciudades europeas donde se han puesto en prácticas medidas similares, el resultado ha sido que la oferta de pisos se ha reducido, por lo que los inquilinos al final se han visto perjudicados por el control de las administraciones.

Los pilares sobre los que se asienta el acuerdo entre los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y que han de trasladarse a la futura Ley de Vivienda son dos principalmente. Por un lado permite a los ayuntamiento un recargo en el IBI de hasta el 150% para los que tengan viviendas vacías, mientras que abre la puerta a poner límites a los precios de los grandes propietarios si una autonomía otorga la calificación de “zona tensionada” a una población.

Cuando en una relación de dos, un tercero se mete a codazos, los efectos son imprevisibles”, advierte Manuel Francisco Vicente-Peix, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Salamanca. Aunque afirma que hay que esperar a la redacción de la Ley de Vivienda para realizar una valoración más precisa, sí recuerda que este tipo de actuaciones se han llevado a cabo en países como Alemania y que el resultado ha sido el contrario al buscado “al reducirse la oferta de vivienda disponible”.

Esta postura la comparte Javier Tamames, presidente de la patronal de la construcción Aconsa. “En Berlín no ha tenido éxito”, subraya, a la vez que manifiesta sus dudas sobre la legalidad de intervenir el mercado del alquiler mediante la limitación de precios. “Hay que ver el recorrido jurídico que tiene y la redacción de la ley, pero en principio desde el punto de vista jurídico es dudosa esta postura al limitar el libre mercado”, recuerda.

Manuel Prieto, presidente de la patronal Aescon, insiste en que el Gobierno, al apostar por este tipo de iniciativas, “provoca miedo entre los propietarios para sacar su vivienda en alquiler”. También duda del posible efecto que pueda tener en ciudades como Salamanca. “Es una intervención pensada para las grandes ciudades, no para una ciudad como la nuestra”. Opinión que corrobora Valentín Rodríguez, presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria de Salamanca. “Aquí hay muy pocos que tengan más de 10 viviendas, si a ellos son a los que se les considera grandes propietarios. Y la calificación de zona tensionada, aunque todavía no esté especificada, no encaja en nuestra ciudad. Aquí no hay escasez de vivienda ni precios desorbitados”, señala.

Buena parte de las medidas que va a introducir el Gobierno queda en manos de autonomías y ayuntamientos, un hecho que preocupa a los agentes, al generar desigualdades entre los que sí deciden aplicar estas herramientas intervencionistas en el mercado de alquiler y los que no.

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