«Los sueldos de las personas que trabajan para administraciones públicas han de revalorizarse con el IPC»

Su sindicato es el más representativo entre el personal de las administraciones públicas tanto en Salamanca como en Castilla y León. ¿Cómo describiría ahora mismo el estado del empleo público en Salamanca?

—Inestable y frágil. Tenemos plantillas envejecidas, vacantes que se cubren tarde y mal, y demasiada temporalidad en áreas sensibles: sanidad, educación, servicios de empleo, justicia, servicios sociales, seguridad social o administración general. El empleo público es precario y está mal remunerado. Falta planificación y, sobre todo, voluntad real de negociar soluciones. El gobierno central nos tiene abandonados y, por eso, el 30 de octubre nos concentramos ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca para exigir diálogo y respuestas.

Habla de negociación. ¿Qué está fallando en las mesas?

—Que las poquísimas veces que se convocan, no son mesas, son monólogos; se convoca, se informa y se levanta la sesión. La negociación colectiva exige escuchar, mover posiciones y cerrar acuerdos con calendario y presupuesto. Llevamos demasiado tiempo sin voluntad política de afrontar los problemas y éstos se cronifican. Nuestros empleadores, las administraciones, exigen determinadas condiciones a las empresas, pero no las aplican a sus propios empleados.

Los empleados públicos denuncian pérdida de poder adquisitivo. ¿Cuánta y por qué?

—La inflación ha corrido mucho más que las nóminas en los últimos 14 años y en 2025 no ha habido subida salarial para los empleados públicos (EEPP). Esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo acumulada de más de un 30% desde 2012 y más de un 9% en los últimos tres años que aprieta a miles de familias que sostienen los servicios públicos. No es un capricho: si el sueldo no acompaña al coste de la vida, perdemos talento, se desmotiva a las plantillas y se resiente el servicio al ciudadano.

¿Qué impacto tiene esto en la economía de Salamanca?

—En nuestra provincia, una de cada cinco personas trabajadoras está empleada por una Administración pública. Si su poder adquisitivo se resiente, se resiente el consumo y, con él, el tejido productivo local: comercios, hostelería, vivienda, servicios. Proteger el salario de los y las EEPP no es solo justicia laboral, es estabilidad económica para Salamanca.

¿Cuál es la propuesta de CSIF para revertir esa pérdida?

—Un acuerdo salarial plurianual que garantice subidas vinculadas al IPC y una cláusula de revisión cuando la inflación se dispare, igual que sucede con las pensiones. Además, equiparación interna entre cuerpos y territorios, y restitución de derechos recortados.

Quien le escuche puede pensar: «más sueldo, más gasto público». ¿Cómo lo defiende ante el contribuyente?

—No es gasto, es inversión. Un médico que se queda, un docente motivado o un funcionario que atiende con tiempo y medios ahorra colas, errores y costes a medio plazo. Y hay un efecto arrastre evidente: si el 20% de la fuerza laboral de Salamanca pierde poder de compra, toda la economía provincial se enfría. La alternativa es cara: rotación, bajas, interinidades, juicios y servicios de peor calidad. La única forma de garantizar educación, sanidad, servicios sociales, etc para toda la ciudadanía, no sólo para los que pueden pagarlo, es invertir en servicios públicos.

Además del salario, ¿qué condiciones laborales son urgentes?

—Una carrera profesional real para todos los empleados públicos, no solo de nombre; jornada de 35 horas efectiva; teletrabajo regulado y útil con medios, formación y objetivos claros; y prevención de riesgos que incluya salud mental y cargas de trabajo. También necesitamos plantillas suficientes y conciliación con horarios racionales.

¿Dónde sitúa las prioridades por sectores?

—Además del reconocimiento salarial. En sanidad: Estatuto Marco, estabilización y dimensionamiento adecuado de plantillas. En educación: Estatuto Docente, reducción de ratios, de horas directas con alumnos, y aumento de apoyos. En justicia: medios y digitalización con soporte técnico. En administración general y local: RPT actualizadas, concursos periódicos y simplificación de procesos que hoy son un laberinto.

Ha mencionado estabilización. ¿Se ha cumplido?

Parcialmente. Se han dado pasos, sí, pero seguimos con bolsas eternas y plazas estructurales cubiertas con entorno a un 30% de temporalidad. Pedimos un mapa de necesidades por provincia, calendario público de convocatorias y criterios homogéneos. La gente quiere certezas, no promesas.

¿Qué le pide hoy, de forma concreta, a las administraciones?

Tres cosas:

1) Acuerdo salarial 2025-2027 con IPC y revisión.

2) Plan de empleo por sectores y provincias con cifras, plazos y financiación.

3) Mesa de modernización para carrera profesional, 35 horas, teletrabajo y salud laboral, con seguimiento trimestral y transparencia.

¿Hay margen presupuestario para todo eso?

—Lo hay si se prioriza. Hablamos de servicios esenciales. Además, mejorar condiciones reduce el absentismo evitable, la rotación y los costes judiciales. El rendimiento de la inversión es claro. Y en un contexto de fondos europeos y reforma administrativa, sería un error histórico no hacerlo.

¿Se avecinan movilizaciones si no hay avances?

—Nuestra prioridad es el acuerdo, siempre. Pero cuando no hay escucha ni compromisos medibles, la movilización es una herramienta legítima. Este 30 de octubre estaremos ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca para reclamar negociación real y soluciones a la pérdida de poder adquisitivo y a la falta de medios, si no hay respuesta desde el gobierno avanzaremos hacia movilizaciones más fuertes y a una posible huelga del personal al servicio de las administraciones públicas.

¿Ha hablado del gobierno central, ¿Qué sucede con el autonómico?

—Más de lo mismo, como los sueldos públicos dependen de la administración central, la falta de negociación en Madrid, ofrece a la Junta la coartada perfecta para no mover ficha en aquello que podría mejorar. Unos por otros, el EEPP se queda sin cobrar.

¿Qué mensaje envía a la ciudadanía para que les apoye?

—Les diría que su pediatra, su profesora, su trabajadora social, su policía y quien les atiende en la ventanilla son empleados públicos. Si cuidamos a esas personas, ellas cuidarán mejor de todos. La calidad de los servicios públicos empieza por la calidad del empleo público.

Y a los empleados y empleadas públicas que se sienten cansados.

—Que no están solos. CSIF va a seguir luchando con datos, propuestas y firmeza. Pedimos respeto, medios, condiciones laborales y salarios justos para los servidores públicos, para que los salmantinos tengan los servicios públicos de calidad que se merecen.