Suben los casos de bullying y piden que sea delito en menores de 14 años: «Te pego hoy que mañana ya no puedo»
La Fiscalía de Menores de Salamanca tramitó 16 causas por acoso escolar en 2024, tres más que en el año 2023
La conmoción provocada por el suicidio de la joven Sandra Peña, víctima de acoso escolar, ha vuelto a colocar este grave problema social en el centro del debate público. «Es muy triste que tenga que morir otra persona para que la sociedad reaccione», lamenta Carmen Guillén, presidenta de la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying (ASCBYC), quien asegura que la tragedia ha supuesto «un punto de inflexión» y que «por fin la gente empieza a darse cuenta de que esto no puede seguir pasando».
Guillén recuerda que los protocolos de actuación «siguen anclados en 2011» y reclama una actualización urgente: «La realidad de hoy no tiene nada que ver con la de hace más de una década. Hemos pedido un protocolo único para toda España, pero siempre se escudan en las competencias autonómicas». También aboga por una reforma de la Ley del Menor y por una ley específica contra el acoso escolar, «como hay en otros países o estados como Massachusetts, que exista reeducación y tareas socioeducativas aunque sean menores de 14 años».
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«Hay un momento en el que dejan de ser cosas de niños»
Según los últimos datos facilitados por la Fiscalía de Menores, en 2024 se tramitaron 16 casos por acoso escolar en Salamanca, tres más que en 2023, cuando se registraron 13. Aunque el incremento parece moderado, desde la asociación advierten de que «detrás de cada cifra hay un niño que sufre», y recuerdan que muchos casos nunca llegan a denunciarse ni a la vía judicial. Mientras tanto, la labor de la entidad no da tregua: 198 familias —164 de ellas de Salamanca y su provincia— fueron atendidas el año pasado, 60 más que en 2023 (138) y casi el doble que en 2022 (107). Desde su creación hace nueve años, la asociación ha ayudado ya a más de 1.029 familias, algunas de ellas derivadas desde centros escolares, hospitales, cuerpos de seguridad o directamente desde el botón de ayuda de la web de la asociación.
La presidenta reconoce que el despacho «está hasta arriba, con personas que ya teníamos y con casos nuevos que llegan todas las semanas». Carmen Guillén denuncia que las víctimas siguen tardando de media más de un año en comunicar que están siendo acosadas y que los psicólogos públicos «tardan meses en atenderles», lo que obliga a muchos padres «a endeudarse para costear terapias privadas». En paralelo, reclama que se implante de manera íntegra la Ley de Protección a la Infancia, «porque se permite para proteger a los niños, pero en muchos casos está sin aplicar».
Sobre el perfil de los casos, la asociación detecta un incremento en la edad temprana de los agresores, con incidentes incluso en Educación Infantil. «Nos encontramos con niños de cuatro y cinco años que reproducen comportamientos violentos. Las niñas y los niños acosan de maneras distintas, pero el daño emocional es igual de profundo», explica la experta. Desde ASCBYC insisten en que la prevención debe ser integral y continua. «No sirve con dos vídeos en clase y repartir diplomas. Hace falta formación real, acompañamiento y respuesta rápida. Las administraciones no pueden mirar hacia otro lado», advierte. La asociación mantiene su disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año, para casos de urgencia. «No podemos permitirnos cerrar. Recuerdo una Nochevieja, a las tres de la madrugada, que sonó el teléfono y tuve que salir de casa. Evitamos que una víctima saltara por la ventana», relata la presidenta.
«Mañana ya no puedo»
Carmen Guillén recuerda también un caso especialmente impactante que atendieron hace años en la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying (ASCBYC). «Te pego hoy porque mañana ya no puedo», relató un acosador a su víctima.
Según la presidenta de la asociación, el menor golpeó con saña a otro compañero porque al día siguiente cumplía 14 años y sabía que, a partir de entonces, podría enfrentarse a consecuencias legales. Este tipo de situaciones, añade, «reflejan las lagunas del sistema y la falta de protección real frente al acoso persistente». Por ello, insiste en la necesidad de una ley específica contra el acoso escolar y las represalias, «como ya existe en otros países donde el abuso entre menores se aborda con seriedad y sin impunidad».
