26 junio 2022
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Salamanca ‘escapa’ del aumento de la okupación

Las denuncias han bajado con respecto al pasado año | La Policía ha recibido 7 hasta principios de septiembre, frente a las 16 de todo el año pasado | Ha enviado 5 al juzgado, una es de una vivienda fuera de la provincia y otra está por aclarar

27 sep 2020 / 07:48 H.
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Las okupaciones llevan meses acaparando titulares en los medios de comunicación. La media de entradas en viviendas sin consentimiento de su propietario ha alcanzado las 41 al día en España. Sin embargo, en Salamanca la incidencia de este fenómeno sigue siendo escaso, al menos en cuanto a los casos que llegan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al ámbito judicial. Sirva de ejemplo que la Policía Nacional ha recibido en Salamanca en lo que va de año solo 7 denuncias, un ritmo inferior al de 2019.

De las presentadas, 5 han acabado ante el juzgado de guardia y la Fiscalía. Otra hacía referencia a la okupación de una casa de fuera de la provincia, mientras que hay una que se encuentra por esclarecer. Si de aquí a final de año no se registran casos fuera de la habitual, seguramente la Policía Nacional cierre con menos denuncias que en 2019, que fueron 16, e incluso que en 2018, con 14, rondando seguramente las 11 que hubo en 2017.

A pesar de que Salamanca no es una provincia conflictiva desde el punto de vista penal con las okupas, la Fiscalía Provincial ha recibido también la instrucción de la Fiscalía General del Estado para agilizar los procedimientos de desalojo, iniciativa que el PP considera poco efectiva si no va a acompañada de cambios legislativos. Entre las medidas destaca que el atestado policial recopile todas las pruebas posibles para permitir al propietario recuperar la vivienda cuanto antes, la petición de la Fiscalía del desalojo cautelar si hay indicios suficientes para considerar que se trata de una okupación o si el okupa intenta obstaculizar el proceso judicial.

50.000€ por unos vecinos muy molestos

La pesadilla de un bloque de viviendas de Nuevo Naharros ha acabado en 2020, aunque con un alto coste. Después de sufrir tres años la presencia de varias familias que entraron a vivir en el edificio sin respetar cualquier norma de urbanidad, ahora la comunidad de vecinos debe afrontar 50.000 euros para reparar todos los desperfectos que ocasionaron. “Nuestro mayor temor eran los enganches ilegales, porque estaban conectados al agua, a la luz e incluso al gas, con el riesgo que eso conlleva”, afirma Javier Marcos, uno de los afectados. Los ruidos, pisos de dos habitaciones ocupados por hasta 8 y 9 personas y robos eran otras de las molestias que soportaron. “Muchos propietarios decidieron marcharse y otros malvendieron sus pisos. Su presencia afectó a todo el pueblo. Un constructor dejó de vender chalés, el precio de las casas bajó y muchas familias sacaron a sus niños del colegio”, explica Javier. Tres años después, al menos ahora vuelven a vivir tranquilos en su casa, aunque afronten un pago de 50.000€ en obras.

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