Psicólogos alertan de un aumento de los episodios de violencia vicaria en Salamanca
Los menores afectados presentan problemas escolares y emocionales
La psicóloga de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos (OAVD) del Ministerio de Justicia en Salamanca, María Ángeles Pérez, indica que se están viendo cada vez más casos de lo que legalmente aún no se ha registrado como violencia vicaria: una forma de maltrato sobre la mujer en la que el padre utiliza a los hijos para dañar a la madre y cuya regulación continúa en anteproyecto de ley.
La psicóloga señala que deriva muchos de estos casos, o se coordina con la psicóloga María del Sastre, de la Fundación Diagrama, desde hace años por este motivo, ya que a veces no hay respaldo legal para que esos menores reciban los servicios de reparación o asistencia psicológica en las OAVD. Pérez asegura que «la salud mental de los menores criados en familias que sufren violencia de género siempre queda tocada». «Siempre hay consecuencias. Por este motivo, se les considera muy vulnerables y tienen unos derechos recogidos en la Ley 8/2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia, pero en estos casos no se está haciendo correctamente», lamenta.
La psicóloga salmantina explica que «los hombres maltratadores utilizan a los niños de una forma instrumental. Es una violencia para hacer daño a la madre, otro tipo de violencia instrumental como la económica, por ejemplo, dentro de la violencia sobre la mujer, una vez que la relación de pareja está rota». «Estamos hablando de violencia vicaria». Sin embargo, denuncia las dificultades para que estos episodios puedan valorarse y juzgarse como tal: «No se está consiguiendo poder juzgar a los padres que usan esa violencia vicaria porque se confunden otro tipo de situaciones donde la justicia no actúa con perspectiva de género. Pienso que no se está entendiendo el sufrimiento y el daño que los menores reciben por parte del padre, del que no son conscientes, pero sí manifiestan conductas desadaptativas como mínimo. De este modo, no se juzga a los agresores ni se protege a los niños correctamente de sus propios padres».
Las consecuencias —explica— aparecen pronto: «Ahí comienzan todo tipo de problemas escolares, psicológicos, sociales y de salud para los menores». A estos efectos se suma la falta de un marco legal ya aprobado. «Yo trabajo en el ámbito judicial, pero si no se judicializan los casos a través de una denuncia por violencia de género o doméstica, porque la ley aún no está aprobada, los menores acaban en áreas de salud mental de Pediatría diagnosticados con TDAH, por ejemplo, cuando muchas veces se trata más bien de una situación de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, depresiones y otras consecuencias psicológicas que no se abordan porque no se ahonda en la raíz del problema.
Los profesionales que atienden a los menores no lo hacen con perspectiva de género porque los menores tampoco lo cuentan. Y en las OAVD los detectamos a través del trabajo realizado en violencia de género, ya que en la mayoría de los casos hay menores, hijos de esa pareja».
El anteproyecto de la ley de violencia vicaria está redactado, pero aún pendiente de aprobación. «El anteproyecto de ley integral contra la violencia vicaria está escrito y se pretende modificar en algunas disposiciones, pero quiere sacarse como ley orgánica, que se aplicará a nivel nacional. Luego ya se podrá ir ampliando y desarrollando en cada comunidad autónoma. Para eso, primero tiene que ver la luz, y no lo ha hecho». Mientras tanto, añade, los equipos técnicos siguen trabajando sin ese respaldo legal: «El problema es que los psicólogos de justicia estamos trabajando sin que la ley esté aprobada. Ni existe ley ni se puede proteger a los niños correctamente hasta entonces».
Como referencia, Pérez menciona el caso mediático de Juana Rivas. «Es controvertido porque los profesionales no nos ponemos de acuerdo en cómo empezó todo, si es la madre o fue el padre, por ejemplo, o ambos. La información está sesgada por los medios y se ha emponzoñado de tal manera el tema que es lamentable la exposición mediática de los menores. El claro ejemplo del daño que produce la violencia vicaria».
Entre los comportamientos que describe se incluyen «hablarles mal de la madre y modificar la imagen que tienen de ella para que se estropee el vínculo de apego con la madre, y a la larga los menores se distancian de ella, y eso las destroza». También observa negligencias deliberadas: «Mala alimentación, mala educación, descuidar la sanidad, absentismo escolar o de extraescolares, privarles de estancias con la familia materna. etc».
Según sus experiencias, las consecuencias pueden llegar a modificar la convivencia: «La mayoría de veces que estos menores deciden estar con el padre porque así lo declaran en el juzgado, se rompe el vínculo con la madre, teniendo que trabajar con un sufrimiento insuperable en muchos casos».
En la provincia, subraya, estos episodios no son aislados. «En Salamanca hay bastantes casos. El anteproyecto ya está preparado, pero el Gobierno está como está, así que no sabemos si irá para largo la publicación o puede ser inminente».
Casi 1.500 menores en riesgo
A 30 de septiembre de 2025, el sistema VioGén registra 1.435 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria, es decir, niños y niñas que viven en hogares donde su madre es víctima de violencia de género y existen indicadores de que el agresor podría utilizarlos para dañarla.
Organismos internacionales advierten de que la exposición a violencia durante la infancia causa efectos graves y persistentes en múltiples áreas del desarrollo. El estrés crónico y los entornos violentos pueden afectar el cerebro y el sistema nervioso, así como otros sistemas del cuerpo, derivando en retrasos cognitivos, dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento escolar o incluso abandono educativo. También se asocia a problemas de salud física —desde lesiones directas hasta mayor riesgo de enfermedades crónicas— y a alteraciones del sueño y somatizaciones.
El impacto emocional es uno de los más documentados: síntomas similares al trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, baja autoestima y trastornos de conducta. Estas experiencias dificultan la regulación emocional, las relaciones sociales y pueden favorecer conductas de riesgo en la adolescencia, como consumo de sustancias, autolesiones o prácticas sexuales no seguras. A largo plazo, estas vivencias se traducen en mayores dificultades para construir vínculos de confianza, una mayor vulnerabilidad a la revictimización y un riesgo elevado de perpetuar ciclos de violencia como adultos.
