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La expansión de los pisos turísticos no para de crecer en la ciudad del Tormes, una cuestión que también responde a un problema nacional. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, dio a conocer el pasado martes que el Gobierno está valorando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica.
En Salamanca, una comunidad de vecinos formada por más de una veintena de propietarios, ha decidido modificar sus propios estatutos formalmente, en un documento público y ante notario, para prohibir la actividad de pisos turísticos en el interior del edificio. Esta comunidad de vecinos salmantina ha recurrido a esta vía para mantenerse al margen de esta actividad por el momento, pero no ha sido la única en la que se han planteado situaciones similares en la ciudad.
Ángel Hernández, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca y administrador de esta comunidad, explica a este medio cuáles fueron las cuestiones que motivaron a estos vecinos a llevar a cabo esta operación: «Ese edificio se pensó para ser un edificio residencial y para que sirviera de cobijo a las familias, con una finalidad residencial y no turística. Esta actividad no está bien regulada y ha dado lugar a que, en algunos casos, se hayan cometido excesos», explica Hernández.
Asimismo, el administrador manifiesta que los vecinos tomaron esta decisión ante el temor de que su día a día pudiese verse alterado. «Ante el temor de que esos excesos llegaran a esta comunidad y se distorsionara o alterara la convivencia pacífica y tranquila de los vecinos, optaron por modificar los estatutos», afirma.
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca reconoce que, en muchas ocasiones, esta actividad de pisos turísticos dentro de las comunidades de vecinos entra en conflicto con los intereses de los propios vecinos. «Es un tema complejo en el cual confluyen muchos intereses y las cosas se tienen que hacer de una forma ordenada y sosegada. En nuestra Constitución se recoge que existe un derecho de propiedad y, por lo tanto, una posibilidad o libertad de ejercer una actividad u otra, pero por otro lado también el derecho a la tranquilidad de los vecinos», reconoce.
El perfil de usuario de un piso turístico es diferente al de un inquilino de larga estancia y esto condiciona la seguridad y la tranquilidad de los propietarios del edificio, según Hernández. «Un piso turístico en un edificio conlleva un trasiego importante de personas, de maletas, un mayor uso de elementos y servicios comunes y sobre todo la incertidumbre de quién entra o quien viene a ocupar una vivienda en el edificio de una forma temporal. Es muy diferente a cuando se trata de una familia o de un grupo de personas que alquilan una vivienda para residir habitualmente en ella», recalca el administrador.
Hernández hace también hincapié en la necesidad de regular esta actividad en Salamanca. «El Ayuntamiento de la ciudad está elaborando una ordenanza para regular los pisos turísticos, que nos han trasladado que estará aprobada antes de finales de año, en la que se va a regular esta actividad y se va a poner unos límites y unas condiciones en el ejercicio de esta actividad», afirma.
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