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Las obras para convertir el palacete neobarroco de la avenida de Italia en seis viviendas con garaje subterráneo comenzaron ayer. Supone el primer paso para salvar al edificio de 10 años de ruina. Cabe recordar que tras casi una década de polémica, litigios y conflictos entre propietarios y Ayuntamiento, el pasado enero se puso sobre la mesa una solución para el inmueble situado en el número 36-38 de la avenida de Italia: la aprobación del proyecto de rehabilitación y conversión de la casona, que data de 1926, en seis viviendas, rescatándola así de la ruina cuya declaración se solicitó en 2016 pero fue denegada por los técnicos municipales.
Realmente no se concedió licencia solo para este proyecto sino para dos, ya que la intervención en el inmueble catalogado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) iba unida a la construcción de otras 18 viviendas, despachos y locales en la parcela contigua, puesto que comparten acceso rodado y peatonal y las tres plantas bajo rasante que albergarán un aparcamiento subterráneo de unas 75 plazas aproximadamente.
La aprobación del proyecto básico abrió, además, la puerta a que las arcas municipales recuperasen 147.221 euros de la indemnización de más de medio millón de euros que el Consistorio tuvo que pagar a los propietarios por sentencia judicial en 2017. Son concretamente los 121.552 euros, más intereses de demora, que abonó la administración por impedir a través del PGOU la construcción un garaje subterráneo, algo que ahora sí se permitirá. Se dio el visto bueno, entre otras cosas, porque la promotora se comprometió a desmontar las fachadas para posteriormente repetirlas tal y como son ahora. Por su carácter histórico y al ser un ejemplo singular del neobarroco, el PGOU confiere a esta casona de titularidad privada una protección estructural. Es decir, obliga a conservar su estructura, mantener las fachadas, repetir las cubiertas y respetar los elementos originales. Dado su decadente estado, en agosto de 2015 el Área de Urbanismo exigió a la familia propietaria que procediese a su rehabilitación. Lejos de restaurar el decadente palacete, una constructora solicitó un año después su declaración de ruina alegando que se había echado a perder por insuficiente mantenimiento. De haber aceptado esa solicitud, se habría facilitado la remodelación del inmueble para darle un nuevo uso, pero no se habría garantizado la conservación de sus elementos originales.
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