«Un pacto de Estado por la vivienda es clave para enfrentar los desafíos del sector»

Javier Tamames, presidente de ACONSA (Agrupación Empresarial de la Construcción y Servicios Auxiliares de Salamanca), integrada en CES, ofrece en esta entrevista una visión detallada del panorama actual. Pide a las administraciones que desarrollen suelo urbanizable y un acuerdo nacional sobre vivienda con medidas que permitan fortalecer la capacidad del sector.

¿Cuál es la radiografía en estos momentos del sector de la construcción en Salamanca?

—El sector de la construcción en Salamanca atraviesa una etapa de crecimiento moderado. Actualmente, contamos con 529 obras en ejecución en la provincia, que representan una inversión total de 287 millones de euros. En términos de empleo, el sector muestra signos de estabilidad. No obstante, enfrentamos desafíos significativos, como el encarecimiento de materiales clave y la escasez de mano de obra cualificada, lo que está afectando a la ejecución de proyectos. En cuanto a la tipología de proyectos, la rehabilitación y reforma de viviendas mantiene un ritmo constante, mientras que la construcción de vivienda nueva, aunque está mejor que hace un año, va más lenta.

¿Y a qué se debe esto?

—Hay mucha demanda de obra nueva, pero el problema radica en que no hay tanta obra nueva como se necesita debido al proceso de desarrollo. Es decir, hay suelo desarrollado, lo que denominamos urbanizado finalista, pero los costes de construcción son tan elevados que en muchos casos no compensa al promotor y constructor emprender porque es muy arriesgado vender, ya que estos costes de producción son elevadísimos. Hay promociones que no se estudian ni tan siquiera porque no se venden en el precio de construcción, y sin contar ya con los gastos adicionales (licencias, sueldos…).

¿Con qué otros desafíos se encuentra el sector?

—Uno de los principales desafíos en el sector de la construcción en Salamanca en estos momentos es la escasez de mano de obra cualificada, que sigue siendo un problema persistente, lo que ralentiza la ejecución de obras y aumenta los tiempos de entrega. A pesar de todo ello, el sector se sigue adaptando y modernizando. Sin embargo, sería crucial un pacto de Estado por la vivienda para abordar todos los desafíos del sector.

¿Qué medidas contempla en este pacto de Estado por la vivienda para fortalecer la capacidad del sector de la construcción y enfrentar mejor los retos actuales y futuros relacionados con la vivienda?

—Un pacto de Estado por la vivienda debe incluir varias medidas clave que impacten directamente en el sector de la construcción. En primer lugar, es necesario aumentar los fondos y beneficios fiscales para promover la construcción de vivienda pública. Además, es fundamental facilitar el acceso al suelo, acelerando la tramitación de licencias y liberando suelo urbanizable para nuevos desarrollos residenciales. Esto permitiría que la oferta de vivienda se adapte a la creciente demanda, especialmente en áreas urbanas con altas tasas de población. En este punto, pedimos a las Administraciones que impulsen el desarrollo de suelo, ya que existen promotores con planes parciales aprobados que no han podido ejecutar debido a la falta de viabilidad económica. El fomento de la rehabilitación y regeneración urbana también es una medida crucial. Para ello, se deben establecer incentivos fiscales y subvenciones que fomenten la renovación de edificios antiguos y la regeneración de barrios deteriorados, mejorando la calidad de vida en estos entornos y contribuyendo a la sostenibilidad.

La mejora de la financiación sería otro aspecto clave.

—Por supuesto. Es importante facilitar líneas de crédito y condiciones favorables para la financiación de proyectos de vivienda nueva y rehabilitación, permitiendo que los promotores puedan llevar a cabo estos proyectos sin enfrentarse a barreras financieras. Finalmente, para garantizar un entorno de confianza y seguridad para las inversiones, se debe establecer un marco normativo claro y estable que proporcione seguridad jurídica en los proyectos de construcción, facilitando la ejecución de obras y contribuyendo a la estabilidad del sector.

Hablando de medidas, y para cerrar esta entrevista, el Ayuntamiento de Salamanca acaba de publicar una ordenanza para la retirada del amianto en edificios. ¿Cómo afectará esta medida a las viviendas, colegios y otros edificios, y cuál es el papel de ACONSA en este proceso?

—La aprobación de esta ordenanza es un avance importante para la modernización y seguridad de las infraestructuras en la ciudad. Los propietarios de edificios construidos antes de 2002 tendrán la obligación de identificar y retirar el amianto en un plazo determinado, según el año de construcción. Esto afectará a una gran parte de la ciudad, incluyendo viviendas, colegios y otros edificios de uso público. En ACONSA asesoraremos técnicamente a los propietarios para que los trabajos se realicen de forma segura y conforme a la normativa, y sean lo más eficientes y menos disruptivos posibles para que todos los afectados puedan cumplir con los plazos establecidos sin complicaciones.