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Laith, iraquí, ha recibido la denegación de protección internacional. GUZÓN
Los dramas cada vez más frecuentes en Salamanca: migrantes integrados y con trabajo... ilegales

Los dramas cada vez más frecuentes en Salamanca: migrantes integrados y con trabajo... ilegales

Así es el problema de las denegaciones de asilo

Jueves, 15 de abril 2021, 19:05

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Kenia llegó a Salamanca hace año y medio huyendo de la precariedad y la inseguridad de su Honduras natal. En su país, uno de sus tres hijos sufrió abusos sexuales. Ella presentó una denuncia y el agresor sólo recibió una condena de trabajos en beneficio de la comunidad. Ella temía que el agresor se vengara de ella, más aún cuando el padre de Kenia apareció asesinado con un disparo en la cabeza. Esta madre no tuvo más opción que huir a España donde solicitó protección internacional y presentó toda la documentación de su caso. Su madre y hermana se quedaron al cargo de sus hijos en Honduras y Kenia se ocupó desde entonces de enviarles el poco dinero que recibía.

Mientras se resolvía su solicitud de asilo, Kenia se mantuvo en el sistema de protección del Gobierno e incluso pudo comenzar a trabajar en una residencia de mayores. Sin embargo, el mazazo llegó el pasado mes de diciembre cuando le llamaron de Extranjería para avisarle de que el Gobierno había resuelto denegarle la protección internacional como refugiada porque “el estado de Honduras ya había actuado a su favor con la condena al agresor”. “Me sentí fatal y desprotegida. La policía me dijo que tenía 15 días para abandonar España y que si me encontraban por la calle sería repatriada”, relata esta mujer, mientras revela que recibe tratamiento psicológico para superar lo vivido en Honduras y el drama de su nueva vida en Salamanca.

De un día para otro, Kenia tuvo que dejar de trabajar en la residencia, presentar un recurso a la denegación de asilo a través de un abogado y seguir subsistiendo con trabajos “en negro” y ayudas de alimentos para comer.

Las ONGs salmantinas llevan desde verano alertando de que no pueden asumir las ayudas para sostener al torrente de refugiados sin asilo. En los últimos meses se han triplicado las denegaciones de protección internacional y los migrantes que habían estado en el sistema estatal de acogida y apoyo durante un tiempo e incluso se les había dado permiso de trabajo y habían iniciado una vida estable e integrada en la ciudad, pasan de la noche a la mañana a la ilegalidad y a perderlo todo: sin empleo ni permiso de trabajo para poder pagar su casa, sin tarjeta sanitaria y sin derecho a solicitar ayudas institucionales. “Se encuentran sin nada, en la desesperación y la agonía y es una situación que se está repitiendo mucho entre los inmigrantes”, corrobora Javier García, de la ONG Cajas Solidarias.

La mayoría de los migrantes opta por presentar recursos a través de abogados particulares o de las ONG para poder seguir en España, aunque siguen en una situación alegal, en un limbo. Además, hasta que no se cumplen tres años de empadronamiento no pueden solicitar el permiso de residencia para legalizar su situación.

Laith es otro ejemplo. Este iraquí escapó de Bagdad en 2015. Recorrió por mar, tren y a pie Europa hasta llegar a Dinamarca donde solicitó la protección como refugiado. Tras serle denegada, recaló en España y también pidió asilo. Mientras se resolvía su expediente, entró en el programa de acogida y protección en Salamanca en 2017. En este tiempo ha realizado cursos en el Ecyl y en las ONGs de construcción, cocina, peluquería, español, como cuidador... y llegó a trabajar en algunos empleos. El 9 de diciembre le denegaron la “tarjeta roja” como refugiado y lo perdió todo. Sin papeles, sin dinero y sin ayudas, ahora sobrevive gracias al apoyo de unos amigos que le han acogido en su casa y le han pagado un abogado para recurrir la denegación de asilo. “Escapé de mi país y ahora sigo sufriendo. Me encuentro muy mal y al menos tengo la suerte de tener gente que me ayuda”, explica Laith, que también ha estado ingresado en el Hospital por la covid y todavía arrastra los efectos y dolores del virus. “Necesito medicinas y no tengo dinero. Es una situación muy complicada porque ahora con el recurso no soy legal ni ilegal. Además no puedo moverme a otro país porque no tengo nada”, confiesa.

El caso de Karina, madre soltera con cuatro hijos, es similar, aunque al menos a ella sólo le quedan menos de 3 meses para cumplir los 3 años de empadronamiento en Salamanca y poder pedir el permiso de residencia por arraigo social. Karina salió de Honduras por el miedo a perder la vida en la calle a manos de los narcotraficantes. Solicitó la protección internacional en 2018 y desde hace año medio trabajaba cuidando a unos ancianos en su casa. Tras recibir la denegación de asilo, también ha recurrido. “Los señores me han dicho que me esperaban y no me he dado de baja y sigo pagando la seguridad social”, explica.

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