04 julio 2022
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Las empresas salmantinas que deberán instalar un buzón de denuncias de corruptelas

Una directiva europea obliga a las firmas con más de 50 empleados

19 may 2022 / 11:52 H.
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El anteproyecto de ley que desarrolla la directiva europea “shistleblower”, término inglés que significa denunciante, el que da la voz de alarma, tendrá un efecto directo en las 101 empresas salmantinas con más de 50 trabajadores. A requisitos como la puesta en marcha del Plan de Igualdad, la activación de protocolos de responsabilidad legal y el tratamiento de datos se unirá ahora la obligación de instalar un “buzón” que permita a los trabajadores denunciar corruptelas e irregularidades dentro de la firma sin que sufran represalias.

El Gobierno ya recibió en febrero pasado un expediente sancionador de la Comisión Europea por no haber traspuesto esta directiva, deberes que sí han hecho ya Suecia, Portugal y Malta. Este canal de denuncias interno debe proteger a los denunciantes y obliga a que la empresa implante la figura del responsable que recibe las denuncias, de forma escrita o verbal. Tendrá la capacidad de hacer una primera investigación del caso, así como archivarlo si comprueba que no tiene recorrido. Este, además, será uno de los requisitos que deben reunir los negocios que quieran optar a los fondos Next Generation y su incumplimiento supondrá pagar multas de hasta un millón de euros. El sector recibe la nueva obligación como otro ejemplo más de exceso de normativa. “Las trabas a las empresas cada vez son más, cuando en lo que se tienen que centrarse es en trabajar y crear riqueza”, defiende el presidente de CEOE Cepyme Salamanca, Diego García. Respalda que se pongan en marcha iniciativas como el Plan de Igualdad o el tratamiento de datos, pero considera innecesario este buzón. “Los negocios con más de 50 trabajadores ya cuentan con un comité de empresa. Lo normal es que haya un buen diálogo entre los representantes sindicales o de los trabajadores y la dirección de la empresa, una vía que ya cubre esa necesidad”, asegura García.

El canal interno debe proteger a los denunciantes, así como designar un responsable que estudie el ‘chivatazo’

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), Antonio Rollán, aprecia en la medida cierta criminalización del empresariado. “Se puede interpretar que el canal de denuncias impone una presunción de culpabilidad a los empresarios, algo que considero injusto porque nosotros trabajamos por el empleo en condiciones dignas”, añade el representante.

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