01 abril 2020
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La solución para acabar con 155 escombreras ilegales de Salamanca

Tras las 29 ya selladas y otras 29 en ejecución, el Gobierno regional actuará en otros 97 vertederos sin autorización | La Diputación reforzará la recogida de los residuos especiales

13 feb 2020 / 20:02 H.

Acabar con la proliferación de escombreras en la provincia se ha convertido en un objetivo para las instituciones en los últimos años. Una apuesta que, en el caso de la Diputación y la Junta, se va a redoblar en los próximos años, ya que la meta que se han impuesto ambas instituciones es acabar en lo que queda de mandato con 155 vertederos no autorizados en los municipios salmantinos. Un esfuerzo que implicará una inversión superior a los 900.000 euros y que incluirá, además, nuevas medidas para que los vecinos de esas localidades puedan desprenderse de residuos especiales de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.

El proyecto no es nuevo, aunque en los últimos días ambas instituciones mantuvieron un encuentro para ampliar la colaboración. El proceso para acabar con las escombreras ilegales comenzó hace unos meses con la intención de poner fin a cerca de 60 vertederos sin autorización. 29 de ellos ya han sido restaurados con un coste de 154.455 euros para la Junta, mientras que otros 29 se encuentran en ejecución, gracias a 246.451 euros. La novedad es que el plan de la Administración regional incluirá 97 escombreras más de la provincia tras la reunión mantenida con la Diputación. Román Hernández, diputado de Medio Ambiente, señala que la inclusión de estas nuevas instalaciones supondrá un desembolso de 517.800 euros que asumirá también la Junta. La meta es sellarlos a lo largo de esta legislatura, por lo que el total de escombreras restauradas ascenderán a 155, con una inversión de 918.700 euros.

Román Hernández señala que el acuerdo no se queda solo en las escombreras que están localizadas. La Consejería de Fomento se ha comprometido a sellar también las nuevas que se detecten en la provincia, por lo que el coste total del proyecto podría aumentar con el paso de los años. “La intención es restaurar todas las escombreras existentes en Salamanca”, afirma el diputado.

La inversión asciende a 918.700 euros, aunque podría aumentar si se detectan nuevas escombreras

El convenio de colaboración entre Junta y Diputación se traduce no solo en la limpieza de estos espacios, sino también en la instalación de contenedores de escombros en los municipios que así lo soliciten. La Salina es la responsable de financiar este servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos. De manera paralela, la institución provincial informa a los ayuntamientos en los que presta este servicio sobre la correcta gestión de los escombros procedentes de las obras de construcción y demolición.

El esfuerzo de la Diputación también se centrará en otro tipo de residuos que suelen acabar en las escombreras ilegales de los pequeños municipios. A los servicios de recogida de plásticos de uso ganadero y de voluminosos, como colchones, la institución provincial va a incluir nuevos materiales. “La idea es ampliar el servicio a los electrodomésticos y los desechos de las podas”, afirma Román Hernández, que puntualiza que el objetivo final de la Diputación es avanzar “en el reciclaje de todo tipo de residuos”.

La mayoría en localidades próximas a la ciudad

La ubicación de la mayoría de las escombreras incontroladas evidencia que los problemas se concentran sobre todo en localidades próximas a la capital salmantina. Una situación lógica, ya que la mayor parte de la actividad constructiva tiene lugar en la ciudad. Los desaprensivos aprovechan posteriormente los caminos agrícolas próximos para desprenderse de los escombros. Ni siquiera la ciudad se libra del problema, en zonas como el antiguo poblado de Vistahermosa.

Medidas municipales para frenar a los vándalos

Los residuos, de todo tipo, se han ido acumulando con el paso de los años, una situación que preocupa a las administraciones, ya que en estos casos suele ser habitual que desaprensivos aprovechen la falta de vigilancia para arrojar allí todo tipo de residuos, con el consiguiente riesgo medioambiental que supone. La preocupación en algunos municipios, como El Pino de Tormes, por ejemplo, ha llevado a asegurar la zona con un candado para impedir el paso de personas, ya que era frecuente que residentes de otros municipios aprovecharan para deshacerse de todo tipo de desperdicios.

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