01 diciembre 2020
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La paradoja del Ingreso Mínimo Vital. Reduce hasta un 70% la renta de familias necesitadas

Cobraban 515 euros al mes con la prestación de la Junta y ahora solo 146 con la nueva ayuda del Gobierno | Han de pedir al Ejecutivo regional que complemente el subsidio

El Ingreso Mínimo Vital anunciado a bombo y platillo por el Gobierno de Sánchez está resultando contraproducente para la mayoría de familias que lo han pedido. A la lentitud con la que se están tramitando las solicitudes debido a la escasez de plantilla de la Seguridad Social, se suma que a los pocos a los que se les ha concedido les está suponiendo un grave trastorno económico. La mayoría de los que piden la nueva ayuda aprobada por el Ejecutivo socialista cobran la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Junta, pero para que les sea aprobado el Ingreso Mínimo han de renunciar a esa prestación. El problema surge después cuando, tras meses de espera, el dinero al mes que les concede el Gobierno resulta muy inferior al que recibían de la Administración regional, hasta un 70% en algunos casos.

“Las cuantías del Ingreso Mínimo Vital que está aprobando la Seguridad Social son inferiores en la mayoría de casos a la Renta Garantizada, lo que conlleva un nuevo proceso de petición para pedir a la Junta que compense la diferencia para que las familias sigan recibiendo lo que cobraban antes”, explica Oliva Martín, de Cáritas Salamanca. Un problema que se suma al denunciado en las últimas semanas, la lentitud con la que se están gestionando las solicitudes.

Una de las familias perjudicadas por el paso de la Renta Garantizada de Ciudadanía al Ingreso Mínimo es la de Ana. De ingresar 515 euros al mes ha pasado a solo 146, un 70% menos. La situación se prolonga desde hace dos meses, lo que ha provocado un grave desajuste económico que afecta también a su pareja y a sus dos hijos de 6 y 12 años. “Ahora dependemos casi al completo de la ayuda que nos ofrece Cáritas Salamanca y nuestra familia”, apunta esta salmantina, que admite que antes, con los 515 euros, su dependencia no era tan crítica como en la actualidad.

“Ahora dependemos casi al completo de la ayuda de Cáritas y de la familia”, afirma una de las afectadas salmantinas

Ana lleva varios años en paro y su marido tampoco trabaja desde hace dos. La posibilidad de encontrar un empleo en la actual situación resulta muy complicada, por lo que la Renta Garantizada se había convertido en su tabla de salvación temporal. Sin embargo, con la reducción de ingresos que ha supuesto el paso al Ingreso Mínimo Vital, el día a día se ha convertido en un quebradero de cabeza. “Sin la ayuda de Cáritas no podríamos pagar el alquiler de la casa”, admite Ana.

Hay que recordar que el Gobierno apostó desde el inicio por la tramitación telemática del Ingreso Mínimo Vital, un rompecabezas para muchas familias. Cuando se hace la solicitud a través de internet se tiene que presentar, además del DNI de las personas de la unidad familiar, el empadronamiento y el libro de familia, la tarjeta de paro, anotar los ingresos que se tenían en 2019 y lo que pueden esperar en 2020. Gestiones que superan los conocimientos informáticos de muchas de las personas, lo que ha supuesto un incremento del trabajo de las ONG para asesorarles, labor que también están realizando los Centros de Acción Social del Ayuntamiento de Salamanca. Precisamente, la inclusión de los ingresos de 2019 como una de las referencias para el cálculo de la ayuda es la que está provocando que las cuantías aprobadas sean muy inferiores a los de la Renta Garantizada, explica Oliva Martín.

La otra dificultad que ONG y los propios ciudadanos llevan denunciando desde hace tiempo hace referencia a la escasez de procedimientos del Ingreso Mínimo Vital que han sido resueltos por la Seguridad Social. Gran parte de las solicitudes presentadas en los últimos meses continúan sin resolverse, asegura Cáritas Salamanca, incluso las que fueron tramitadas en julio. La falta de personal de la Seguridad Social supone un obstáculo difícil de salvar. El organismo pública debería contar con 232 funcionarios en Salamanca, pero 40 de los puestos están vacantes, por lo que solo dispone de 192 personas. Del personal laboral, están ocupadas 17 de las 19 plazas. Con una plantilla tan mermada, conseguir una prestación se ha convertido en una auténtica odisea. Las dificultades también afectan a la obtención de citas para hacer la gestión del subsidio de manera presencial, ya que no suele haber horas libres hasta dentro de varias semanas o un mes en el mejor de los casos.

Medio millar de ayudas concedidas

El Ingreso Mínimo Vital ha sido concedido a muy pocas personas. Las primeras que lo recibieron fueron las personas que cobran por la prestación por hijo a cargo, 490 en Salamanca. Posteriormente, las resoluciones han caído en cuentagotas, pese a que en la provincia se han registrado más de 2.000 solicitudes en los primeros meses, a falta de los datos oficiales del Gobierno.

Crítica de la Junta al Gobierno

La Junta ha criticado que el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno no reduce beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León y ha reiterado que, en algunos casos, la ayuda estatal es hasta 700 euros inferior a la autonómica. Por este motivo, y para que los beneficiarios no resulten perjudicados, la Junta ha modificado la Ley que regula la Renta Garantizada para complementar el Ingreso Mínimo con una aportación regional que evite la pérdida de poder adquisitivo de las familias necesitadas.

Sánchez rechaza las colaboraciones

El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado los ofrecimientos de la Junta y del Ayuntamiento y Diputación de Salamanca para intentar agilizar la tramitación de las ayudas. Ni siquiera el importante “atasco” que hay en la actualidad le ha hecho cambiar de opinión, a costa de las personas sin recursos.

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