06 agosto 2020
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La Junta obliga ya a las residencias a tener EPIS para evitar otro rebrote mortal

El Consejo de Gobierno aprueba un decreto en el que exige a los centros que tengan un depósito para que trabajadores y residentes estén protegidos al menos cinco semanas

18 jun 2020 / 22:09 H.

No hay otro lugar donde la pandemia sanitaria haya hecho más daño. 260 fallecidos confirmados oficialmente más otros 207 con síntomas compatibles pero a los que no se llegó a hacer la prueba. Desde el inicio de la crisis, casi medio millar de residentes perdieron la vida en uno de los principales focos. Para evitar que un futuro rebrote vuelva a situar a los centros residenciales en la diana, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley de medidas extraordinarias donde obliga a las residencias a elaborar un plan de contingencia y equipar de protecciones tanto a trabajadores como a residentes.

Todos los centros tendrán que tener suficientes existencias de EPIs y del material necesario para la atención a los usuarios con su propio depósito para que tengan protecciones suficientes para, al menos, un periodo de cinco semanas. Estas existencias también deberán incluir los guantes y mascarillas que usen los residentes. La consejera de Familia, Isabel Blanco, ya advirtió a los centros residenciales que tras la pandemia deberían ser capaces de abastecerse por sí mismas. Unas palabras que se han materializado en la obligación del decreto.

Las residencias deberán adaptar sus centros a circuitos con áreas diferenciadas, formadas por un número limitado de usuarios y profesionales no sometidos a rotaciones, para que se pueda realizar una rápida compartimentación de las dependencias y así evitar la rápida propagación de enfermedades. Si las mayorías de los centros ya habían establecido este tipo de protocolos, basándose en la experiencia propia, ahora tendrán también que reforzar la formación de los trabjadores para el abordaje de la desinfección y limpieza, así como el adecuado uso de los EPIs.

Para garantizar que estas medidas se cumplan, la Junta reforzará las funciones de seguimiento, control e inspección en las situaciones excepcionales de salud pública.

Por el momento, el decreto ley tan solo recoge ayudas para la protección individual y de equipamiento a las entidades privadas sin ánimo de lucro titulares de centros residenciales de personas mayores y con discapacidad dentro del sistema de servicios sociales. En concreto, la Junta destinará 2 millones de euros para estas ayudas con un máximo de 2.000 euros por cada centro residencial que podrá ir dirigido a adquirir equipos de protección individual frente a riesgos biológicos (guantes, gafas, mascarillas, batas, botas). También entrará dentro de la subvención la adquisición de test de diagnóstico rápido, serológicos u otro tipo de pruebas; y la asistencia extena para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia.