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Puigdemont el día que se anunció el acuerdo entre el PSOE y Junts. E.P.
Justicia, empresa y universidades de Salamanca repudian el pacto PSOE-Junts

Justicia, empresa y universidades de Salamanca repudian el pacto PSOE-Junts

El juez decano, el fiscal jefe y el decano de los abogados alertan de la quiebra en la separación de poderes

Sábado, 11 de noviembre 2023, 07:59

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Sin voces discordantes, la Justicia salmantina entiende que es un intento de someterla a otros poderes y de arrebatarle su independencia. Los empresarios de esta tierra se sienten agraviados y perjudicados frente a los de Cataluña. Hablan de una «humillación» que deja una «democracia herida» y reclaman una repetición electoral. Los rectores de las dos universidades no le encuentran encaje constitucional y lo identifican con ruptura de la igualdad entre los españoles. Hasta la Iglesia, a través de su máximo representante en la Diócesis, se muestra incapaz de comprender la desigualdad que genera en el acceso al «perdón». Al margen de los posicionamientos políticos que cada uno puedan tener a nivel personal, representantes de las principales instituciones académicas, judiciales, empresariales y eclesiásticas de Salamanca han repudiado abiertamente y sin tapujos el pacto firmado entre PSOE y Junts per Catalunya que permitirá a Pedro Sánchez continuar en el Gobierno.

Tras una significativa alusión a que se ha importado un modelo de algunos países sudamericanos para someter al control político las decisiones judiciales, el juez decano de Salamanca, Juan Rollán, califica de «inadmisible en un estado democrático» la desigualdad que el pacto genera ante la ley. El decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Javier Román, llega a equiparar lo que pretende el polémico acuerdo con la creación de un tribunal de excepción y desacredita el sentido de una amnistía para quienes no muestran «ningún arrepentimiento y siguen manifestando que volverán a hacerlo». También el fiscal jefe, Juan José Pereña, alza la voz contra lo que «supone la quiebra básica de la separación de poderes y por tanto del Estado democrático».

«La solución es la repetición electoral», asegura el presidente de la Cámara de Comercio, Benjamín Crespo, tras insistir en que no encuentra encaje constitucional al acuerdo entre las formaciones que 'capitanean' Sánchez y Puigdemont. Totalmente de acuerdo con la necesidad de volver a convocar a los españoles a las urnas se muestra el presidente de CEOE Cepyme Salamanca. Diego García asegura estar «perplejo» ante un pacto que además de «discrepancias» genera «mucha desigualdad» y ahonda en las desigualdades territoriales perjudicando a la España vaciada. Comparte, a su vez, la visión del presidente de CES, Antonio Rollán, que denuncia que las medidas pactadas entre socialistas e independentistas «generarán perjuicios económicos» y que harán que el tejido empresarial «se resienta». «Rechazamos frontalmente cualquier medida que ataque la igualdad entre las comunidades que conforman el estado español y no toleramos que las empresas de nuestra Comunidad se vean agraviadas frente a otras por la compra de un puñado de votos», insiste Rollán.

Como catedrático de Derecho Administrativo, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, manifiesta el difícil encaje constitucional del texto. Quien lo firme o ejecute «vulnera» su deber de salvaguardar la Carta Magna, asegura. Su homólogo de la Universidad Pontificia, Santiago García-Jalón, se manifiesta preocupado por la desigualdad que genera y por la intromisión de poderes en la justicia. Hasta el obispo, José Luis Retana, se mostró incapaz de entender el perdón desigual que ofrece.

Los presidentes de las Audiencias Provinciales de España mostraron este viernes también en un comunicado «su más enérgico rechazo a la referencia efectuada en el documento pactado» al lawfare y la judicialización de la política. Aunque el presidente del tribunal salmantino no ha realizado declaraciones, en el documento se especifica que tanto él como sus compañeros «repudian» que «se pretenda someter a revisión parlamentaria decisiones judiciales en una flagrante vulneración del principios de separación de poderes». «Mostramos nuestra sorpresa e indignación ante el documento en la medida en que plantea serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España, lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la UE», añaden.

Mientras que el secretario provincial del PSOE y diputado nacional socialista por Salamanca, David Serrada, defiende el acuerdo con Junts y esgrime que no es con Carles Puigdemont sino con una formación política representada en el Congreso, los líderes provinciales de PP y Vox expresaron este viernes su total indignación contra el pacto y llamaron a los salmantinos a movilizarse contra él.

«Como presidente provincial del Partido Popular, me parece un pacto inadmisible, intolerable e infame», aseguró el también alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. «Constituye la mayor humillación y la máxima falta de respeto que se puede tener con los salmantinos y con los españoles», añadió en declaraciones a los periodistas. «Es una auténtica vergüenza, nos lo temíamos y nos lo ocultaban, pero al final ha salido a la luz. Era de esto de lo que estaban hablando y lo que tenían bien hablado», subrayó el líder provincial de los populares, que invitó a todos los salmantinos a acudir a la concentración que se celebrará en la plaza del Liceo el domingo.

Más contundente se mostró el presidente provincial de Vox. Carlos Menéndez aseguró que «este pacto pone definitivamente en marcha en España el golpe de estado contra la Nación, contra la democracia y contra la ley». «Se trata de un acuerdo golpista que supone claramente la abolición del Estado de derecho. Es el principio del fin de la democracia y la deslegitimación de todas las instituciones que nos han permitido a los españoles convivir en paz y en libertad durante tantos años, », remarcó el líder salmantino de la formación de Santiago Abascal. «Se quiebra la independencia del poder judicial y la división de poderes. Es una amenaza grave a la soberanía de todos los españoles, al legitimar ese referéndum secesionista que consideramos completamente ilegal», añadió Menéndez, quien también se refirió a la desigualdad entre los españoles que generarán las contraprestaciones en materia tributaria comprometidas con «los golpistas catalanes».

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