La Junta llevará el centro de inmigrantes a los tribunales si el Ministerio no recula

«No se puede hacer un centro de inmigrantes para más de 120 personas según la normativa de la Junta de Castilla y León, y si la Secretaría de Estado de Migraciones sigue insistiendo en esto, iremos a los tribunales», ha afirmado tajante la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco.

Ante el proyecto para el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado licencia de obra en el Ayuntamiento de Salamanca —la conversión de las antiguas instalaciones de la residencia de mayores de San Juan de Sahagún en un centro para inmigrantes con capacidad para 460 personas—, Blanco está dispuesta a acudir a la Justicia. Según explica, el proyecto contravendría la orden autonómica FAM/1160/2024, de 28 de octubre, que limita a 120 la capacidad de este tipo de centros para garantizar un trato más individualizado y evitar la segregación y el aislamiento social.

«A nosotros no nos han comunicado nada». Pese a que esa misma orden establece que, para la apertura de cualquier centro para personas en situación de vulnerabilidad, es necesaria una autorización previa de la Junta, la también consejera de Familia ha confirmado a este periódico que Migraciones no ha informado todavía a la administración regional de su intención de abrir el centro de Puente Ladrillo.

Aunque el pasado febrero Blanco remitió una carta al Ministerio para informarle de esta normativa, la Secretaría que dirige Elma Saiz ha hecho caso omiso de sus advertencias y ha seguido adelante con el proyecto, declarándolo de «urgencia y excepcional interés público».

Ante esta situación de falta de comunicación, así como ante la aparente falta de interés del Ministerio por respetar la normativa autonómica y tener en cuenta al Ejecutivo regional, la vicepresidenta califica el caso de «despropósito» y critica «la desigualdad de trato por parte del Gobierno hacia los diferentes territorios autonómicos».