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«Actualmente hay un proceso de desmontaje absoluto de todo lo que significa un juez, tanto a nivel interno como a nivel externo». El portavoz del comité de coordinación nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, ha denunciado abiertamente en Salamanca los ataques que están viviendo los jueces. «A nivel interno porque evidentemente la salud laboral de miles de jueces está en riesgo con una carga inasumible de trabajo que les enferma y que provoca que su vocación se pierda y eso es gravísimo. Necesitamos jueces sanos para que la justicia se imparta con calidad. Y por otro lado, externamente hay un proceso de deslegitimación del Poder Judicial en el que participan no solamente políticos, sino lo que es más grave, el resto de poderes del Estado», ha remarcado este viernes antes de comenzar la inauguración de la jornada para celebrar los 40 años de la agrupación. «Nuestra asociación ha defendido en 40 años la necesidad de un Estado de Derecho firme como esencia fundamental de la democracia y como valor fundamental de la UE. Pero sobre todo defiende también la figura de un juez constitucional, servidor de la ciudadanía, independiente, imparcial, inamovible, responsable y sano. Y los políticos tienen que ayudar a que sean jueces sanos y jueces independientes», ha señalado. «En juego está la democracia, lo que somos, el Estado de Derecho y es fundamental orientar el camino hacia esa salud laboral y esa independencia», ha añadido.
Sergio Oliva ha defendido la independencia de la asociación que representa. «Y más que nunca ahora, tiene un valor fundamental porque se ha revelado ahora que es una asociación judicial plenamente independiente, a diferencia de otras que no es que no tengan independencia, sino que son caladeros, evidentes de partidos políticos. Y eso refuerza nuestra figura y más que nunca la necesidad de que exista en el contexto actual de la justicia española», ha precisado. Es la segunda asociación de España en cuanto al número de integrantes de la carrera judicial. Fue fundada en 1984 para defender los valores democráticos, la plena inserción del poder judicial en la sociedad española, la ética judicial y la independencia de toda corriente política concreta
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